Los diferentes procesos electorales que han caracterizado el país desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) ponen de manifiesto la madurez de las instituciones políticas de Chile. Es poco probable que el reciente estancamiento económico, las luchas políticas internas, los escándalos de corrupción y el malestar social afecten significativamente a la estabilidad política general. Sin embargo, el aumento de los niveles de actividad de protesta y las tensiones políticas podrían afectar tanto al gobierno como a las coaliciones de la oposición. Las tensiones que involucran a los pueblos indígenas también continuarán, ya que la comunidad mapuche rechaza la proximidad de Piñera con los militares y su presencia en sus tierras ancestrales, que se encuentran principalmente en las regiones de La Araucanía y el Biobío.

La estabilidad política del país y la agenda económica pro-empresarial han obtenido constantemente altas calificaciones entre los inversores internacionales, y Chile está considerado como uno de los destinos de inversión más atractivos de la región. Aunque la predisposición de las autoridades a la creación de políticas en favor de las empresas continúa, la aplicación de programas ambicioso para mejorar el entorno empresarial se ve actualmente limitada por la presión de dar prioridad a las políticas sociales y aumentar el gasto público.

El gobierno de Piñera se ha enfrentado a una fuerte oposición contra sus principales propuestas de reforma en materia de pensiones, impuestos, leyes laborales y licencias ambientales. Además, el presidente se enfrenta a una intensa presión social que le exige prestar menos atención a reformas pro-negocios con el fin de centrarse en las políticas sociales necesarias para acabar con las protestas y hacer frente a la crisis del COVID-19.

La corrupción es relativamente baja y no supone un obstáculo para la inversión extranjera. Las encuestas internacionales sobre corrupción sitúan a Chile a la par con la mayoría de países europeos.  Sin embargo, una serie de escándalos en varios ministerios e instituciones públicas desde 2014 ha empañado la reputación de Chile. Estos incidentes han incluido cuestiones relativas a la financiación de campañas y escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto el cuerpo de la policía. En respuesta a estos escándalos, el Gobierno y el Congreso han introducido varias medidas para aumentar la transparencia en la financiación de las campañas políticas, incluido un préstamo de 100 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2016 para mejorar sus políticas anticorrupción y de transparencia.

En octubre de 2018 se aprobó un nuevo marco normativo para los delitos relacionados con la corrupción. El 13 de marzo de 2020, el Presidente Sebastián Piñera presentó al Congreso un nuevo conjunto de proyectos de ley destinados a endurecer las penas por corrupción y colusión, que serán debatidos por los legisladores en los próximos meses. Esta nueva agenda anticorrupción es una respuesta al movimiento de protesta de octubre de 2019, que exigía nuevas medidas para hacer frente a los "abusos" de las autoridades gubernamentales y las empresas.

Chile es considerado una Democracia Plena en el Índice de Democracia 2020, desarrollado por The Economist Intelligence Unit (EIU), donde el país ocupa el puesto 21 de 167 países puntuados.

El país ocupa el puesto 43 en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El entorno operativo se ha visto afectado por las medidas restrictivas aplicadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Las cadenas de suministro han sufrido demoras causadas por las colas en los puestos de control sanitario, mientras que las políticas de distanciamiento social (como las cuarentenas obligatorias) han limitado la movilidad de los trabajadores. Además del cierre total de los negocios no esenciales en las ciudades sujetas a cuarentenas, las operaciones se han ralentizado debido al endurecimiento de los protocolos sanitarios en los lugares de trabajo. Las exportaciones también se han visto afectadas por el COVID-19 debido a las perturbaciones de las rutas marítimas y los nuevos protocolos sanitarios en los puertos de destino. Es muy probable que esas perturbaciones sean de poca importancia en el escenario posterior a COVID-19, ya que el entorno operativo de Chile es estructuralmente positivo con pocas restricciones a la propiedad de bienes.

En general, el entorno operativo de Chile se caracteriza por una actitud positiva hacia la inversión extranjera, una infraestructura muy desarrollada, bajos niveles de corrupción en comparación con el resto de la región y un mercado laboral relativamente flexible. Gracias a sus instituciones, muy consolidadas, y a la estabilidad macroeconómica del país, sus perspectivas operacionales son buenas. Sin embargo, es probable que el malestar social que ha estallado desde octubre de 2019 provoque algunos cambios en el modelo económico, incluida la legislación fiscal y laboral. Es probable que el aumento de la protección medioambiental lleve a que algunos proyectos puedan ser impugnados por los tribunales, lo que provocaría retrasos y aumentaría los riesgos de cancelación, incluidos los de minería y energía.

Aunque las manifestaciones ocasionales son una característica tradicional del entorno operativo y la actividad de protesta ha sido contenida por la pandemia, el aumento de las protestas a causa de la agenda de austeridad de Piñera seguirá siendo una preocupación para las empresas en un escenario post-COVID-19. Sin embargo, los ataques a empresas extranjeras seguirán siendo poco frecuentes. La mayoría de los movimientos antigubernamentales continuarán centrando sus demandas en una mayor implicación del Estado en los asuntos sociales.

Los trabajadores extranjeros y locales reciben el mismo trato bajo la ley chilena, aunque sólo un máximo del 15% de la fuerza laboral total puede ser extranjera en empresas con más de 25 empleados. Los puestos de dirección y el personal técnico especializado pueden ser ocupados por empleados extranjeros si se puede demostrar que los trabajadores chilenos no pueden realizar el mismo trabajo. No existe ninguna obligación de participación de los trabajadores locales en la propiedad de las empresas extranjeras.

Las relaciones laborales han cambiado en los últimos años, ya que la legislación se ha vuelto más favorable a los trabajadores y ha generado más costos para el empleador. Como resultado, el activismo laboral ha cobrado más importancia, y los mineros, en particular, exigen una mayor proporción de la riqueza recibida a través de las exportaciones de cobre; el 90% de los mineros están sindicados, en comparación con sólo el 13% de la fuerza de trabajo total. El COVID-19 también ha alimentado el activismo, ya que algunas empresas han despedido a trabajadores o suspendido temporalmente los contratos de trabajo en medio de la desaceleración económica. Esto las ha hecho objeto de campañas negativas en las redes sociales, lo que ha causado daños reputacionales, y ha levantado quejas por parte de los sindicatos. La combinación de la tradición activista del país, el persistente descontento social y el impacto del COVID-19 hacen indicar que se mantendrá un alto nivel de activismo en los próximos meses. 

La infraestructura del país es buena y está mejorando, con un sistema de transporte satisfactorio para las operaciones comerciales. En la región de Santiago se aplican regularmente restricciones a la circulación, particularmente en períodos de alta contaminación atmosférica (véase la sección sobre salud). Esto es más común durante los meses de otoño e invierno (mayo a septiembre). Las carreteras primarias y secundarias se encuentran generalmente en buen estado. Sin embargo, las tormentas invernales pueden dar lugar a condiciones de conducción peligrosas y/o a carreteras cerradas, en particular en las zonas montañosas (por ejemplo, en los cruces fronterizos con la Argentina) y en el sur, donde algunas rutas de las zonas rurales están sin asfaltar. El transporte aéreo es seguro y su capital, Santiago, se beneficia de una red de metro (subterráneo) rápida y eficiente, aunque todavía en expansión.

Chile ocupa el puesto 59 de 190 países, según el índice Doing Business 2020 del Banco Mundial, el país latinoamericano mejor clasificado. Ocupa el puesto 26 de 198 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de la organización Transparencia Internacional.

Pese a su cercanía con los países andinos productores de droga, los índices de criminalidad de Chile siguen siendo bastante más bajos que en otras partes del continente y es uno de los países más seguros y con menor tasa de homicidios de la región. La buena situación de seguridad del país se explica gracias a las reformas institucionales que siguieron tras el fin de la dictadura de Pinochet en 1990, que posibilitaron la creación de un poder judicial eficaz e independiente, unas fuerzas de seguridad competentes y unos bajos niveles de corrupción.

El crimen violento ha sufrido un leve repunte en los últimos años aunque no supone en principio una amenaza directa para los negocios. De hecho, la mayoría de los delitos tienen lugar en suburbios o municipios residenciales pobres que rodean ciudades importantes y se derivan de disputas interpersonales o de altercados entre delincuentes y las fuerzas de seguridad. El hecho de que los expatriados sean percibidos como personas con alto poder adquisitivo puede llevarlos a ser el blanco de ciertos delitos, como el robo de vehículos, los robos en viviendas o la extorsión telefónica, pero nada fuera de los riesgos que enfrentan los chilenos adinerados, teniendo en cuenta que el riesgo de secuestro en el país es bajo.

Desde octubre de 2019, Chile ha sido azotado por una serie de disturbios de carácter social como respuesta al aumento de la tarifa del metro de Santiago, que evolucionaron a una serie de protestas a nivel nacional contra el alto costo de vida y las privatizaciones de algunos servicios, en una sociedad cansada de las desigualdades sociales y con unos estándares de vida poco acordes su nivel de ingresos. La toma espontanea de las principales estaciones de tren y metro y los enfrentamientos abiertos con las fuerzas de seguridad nacional (Carabineros) por parte de grupos de personas que destrozaron e incendiaron elementos de mobiliario urbano e infraestructura civil, llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia, para autorizar el despliegue del ejército con el objetivo de poner orden. El epicentro de las protestas se ha situado en Plaza Italia (Santiago de Chile), muy cerca del área donde se desarrolla el proyecto Mapocho Río. Es posible que el actual proceso constituyente calme temporalmente la ola de protestas, pero es probable que continúen en el futuro si no se llevan a cabo reformas estructurales profundas.

En los últimos años, Chile ha sufrido la llegada de varios grupos criminales internacionales, principalmente bolivianos y peruanos, que han tomado el control de las rutas de la droga. De hecho, además de servir como punto de transbordo de cocaína hacia Europa, África y Australia., el descubrimiento de laboratorios de procesamiento de drogas en Chile indica que el papel del país en la producción de la droga podría estar aumentando y se está convirtiendo en un importante proveedor regional de precursores químicos utilizados en su fabricación. Una vez que llega al país, la droga es vendida por pandillas callejeras que operan en los barrios pobres y marginados y se dedican al microtráfico y a otros delitos menores.

El terrorismo doméstico se ha detenido en gran medida desde el final de la dictadura, aunque sigue habiendo casos ocasionales de atentados anarquistas. Los incidentes que involucran a activistas mapuches son comunes, sobre todo en la parte sur del país, en donde los indígenas representan al 30% de la población. Dado que ninguno de los gobiernos chilenos ha logrado satisfacer los intereses indígenas, principalmente en relación a los derechos de la tierra, es probable que continúen sus acciones disruptivas, sobre todo en forma de protestas, bloqueos de carreteras, retrasos en el transporte, sabotajes, ataques a edificios, quema de camiones y cultivos, etc.

Chile ocupa el puesto 45 de 163 en el Índice de Paz Global 2020 del Instituto de Economía y Paz.

Chile no está actualmente entre los países más atacados cibernéticamente del mundo según el mapa de ciber-amenazas de Kaspersky.

Actualmente, Chile cuenta con una política nacional fiable en materia de gestión de la ciberseguridad. Estos mecanismos están en vigor desde 2015 e implican medios de ciber-defensa, cooperación internacional e implementación de protocolos. Sin embargo, el estudio "Ciberseguridad en las empresas chilenas", publicado por Ipsos y Microsoft, realizado en 2019, reveló que el 39% de las empresas chilenas encuestadas han sufrido algún tipo de ciberataque en algún momento.

El gobierno chileno tiene su propio equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT).

No se requiere ninguna vacuna para entrar en el país.

Chile ocupa el puesto 27 de 195 en el Índice de Seguridad Sanitaria Global 2019, un proyecto de la Nuclear Threat Initiative (NTI) y el Johns Hopkins Center for Health Security (JHU), desarrollado con The Economist Intelligence Unit (EIU).

El clima es árido en el norte, mediterráneo en el centro (Santiago, Valparaíso), y frío en el sur.

En el centro del país, los veranos (de diciembre a febrero) son calurosos (28°C) y secos, mientras que los inviernos son frescos (10°) y lluviosos. Hacia el sur, el clima es más templado pero lluvioso durante todo el año excepto en verano. En el extremo sur del país (Patagonia), las temperaturas son frescas (11°C en verano) con lluvias regulares y fuertes vientos durante todo el año.

Chile, que se extiende a lo largo de la cordillera de los Andes, es particularmente vulnerable a los desastres naturales.

El país está situado a lo largo de la falla de Nazca (norte) y experimenta una gran actividad sísmica. El 27 de febrero de 2010, un terremoto extremadamente violento de magnitud 8,8 -uno de los más fuertes registrados en más de 100 años- sacudió el país; el terremoto y el posterior tsunami dejaron más de 700 muertos (incluidos 350 en Constitución) y causaron considerables daños materiales. Más recientemente, en septiembre de 2015, un terremoto de magnitud 8,4 sacudió las costas de Chile, causando daños materiales en la región de Coquimbo y al menos 15 muertes, así como unas 3.000 réplicas. El gobierno chileno recibió muchos elogios por su rápida respuesta al terremoto y la consiguiente amenaza del tsunami. En términos generales, debido a las estrictas normas de construcción y de técnicas de resistentes a la actividad sísmica, la gran mayoría de los terremotos no provocan daños o víctimas importantes en la infraestructura del país.

Chile, situado a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico, también alberga varios volcanes activos, por ejemplo, el Calbuco, Guallatiri, Chaitén, Llaima, Lascar, Copahue, etc. Las erupciones pueden dar lugar a evacuaciones, interrupciones de los vuelos y peligros para la salud debido a la ceniza volcánica en el aire.

Cualquier situación de emergencia puede ser monitorizada desde la página web de la ONEMI - Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.