A pesar de décadas de violencia guerrillera y criminal, Colombia tiene una larga tradición de gobiernos constitucionales. El presidente Iván Duque accedió al cargo en agosto de 2018 tras apostar por una campaña electoral de centro-derecha y favorable a los negocios. Durante la campaña, también se comprometió a trabajar por la unidad del país, algo especialmente necesario debido a la intensa polarización que había caracterizado al gobierno de su predecesor Juan Manuel Santos (2010-18). El partido de Duque, el Centro Democrático (CD), consideraba que el acuerdo de paz negociado por Santos con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) era demasiado generoso, por lo que prometió enmendarlo.

El presidente Iván Duque ha mantenido una postura favorable a los negocios, y sigue apostando por la atracción de inversión extranjera y la promoción de nuevos emprendimientos, aunque su capacidad para hacerlo tras la crisis del COVID-19 será limitada. Los actores no estatales tienen poca influencia en las decisiones gubernamentales y existe un alto grado de estabilidad contractual. Además, la tendencia a nacionalizar los recursos y materias primas que es habitual en países vecinos como Venezuela y Ecuador, no se observa en Colombia.

El presidente Iván Duque ha pospuesto importantes decisiones políticas y reformas normativas a raíz de la crisis de COVID-19. La pandemia seguirá acaparando la atención y los recursos del gobierno hasta principios de 2021. Por consiguiente, y aunque la agenda política de Duque es favorable a los negocios, su capacidad para promover reformas que favorezcan a las empresas, antes de dejar el cargo en agosto de 2022, será muy limitada.

A pesar de los grandes esfuerzos del gobierno para combatir la corrupción, este fenómeno sigue siendo una característica recurrente del entorno operativo a todos los niveles, incluyendo a las autoridades locales y estatales. La corrupción seguirá siendo un problema importante a corto plazo y es probable que sea un  asunto central a medida que los partidos políticos y sus candidatos preparen sus programas para las elecciones legislativas y presidenciales de 2022.

Colombia está considerada como una Democracia Defectuosa en el Índice de Democracia de 2020, elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), en el que el país ocupa el puesto 45 de 167 países evaluados.

El país ocupa el puesto 79 en el Índice de Desarrollo Humano de 2019 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Los sindicatos privados seguirán consolidándose hasta 2021, aprovechando el marcado descontento con el gobierno de Duque. Sin embargo, por el momento, su actuación es limitada debido a las medidas restrictivas derivadas del COVID-19. Las numerosas quejas de los sindicatos de transporte, los empleados públicos y los sectores del petróleo, pueden causar importantes alteraciones operativas mediante paros laborales, y bloqueos de carreteras e instalaciones.

La corrupción afecta a todos los niveles de gobierno. Es frecuente que se presenten cargos contra políticos y funcionarios públicos a nivel local y nacional, y que se investigue a las empresas por pagar sobornos. El presidente Iván Duque ha tratado de impulsar algunas reformas anticorrupción tras el referéndum de agosto de 2018, pero los avances de estas medidas han sido lentos, en parte debido a la oposición de su propio partido, el Centro Democrático.

Las condiciones de seguridad en las autopistas y otras vías de transporte varían considerablemente según la zona y la presencia de grupos delictivos. La Embajada de los Estados Unidos prohíbe a sus empleados viajar por carretera fuera de las ciudades después del anochecer (incluidas las principales carreteras que unen Bogotá con Bucaramanga e Ibagué), así como todos los viajes en autobús, ya sean municipales o de larga distancia.

Se aconseja no pedir ni montarse en taxis en la calle; los taxis deben pedirse por teléfono, mediante una aplicación web o tomarse en una parada de taxis. Los aeropuertos, hoteles y algunos restaurantes/centros comerciales tienen paradas de taxis o piden taxis para los clientes. Los viajeros deben tener en cuenta que aunque Uber ha sido prohibido en Colombia, la aplicación sigue activa. Los usuarios de Uber podrían ser multados y se han producido ataques contra los vehículos de Uber por parte de los taxistas. El tráfico en Bogotá tiene un alto nivel de congestión, lo que facilita el robo de vehículos. Los conductores y pasajeros deben estar siempre atentos a sus alrededores y mantener las puertas cerradas con llave, las ventanas cerradas y todos los objetos de valor ocultos. Debido a las malas condiciones de seguridad de algunas carreteras y a la presencia de grupos armados en muchas zonas rurales, es muy aconsejable utilizar el transporte aéreo para todos los viajes de larga distancia. Las carreteras, incluidas las principales autopistas, suelen quedar intransitables por las inundaciones y los corrimientos de tierra.

En términos generales, Colombia ocupa el puesto 67 de 190 países, según el índice Doing Business de 2020 del Banco Mundial y el 96 de 198 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020 de la organización Transparencia Internacional.

El tráfico de drogas probablemente continúe siendo la principal causa de violencia en Colombia. Tras la desintegración de los principales cárteles en el decenio de 1990, las operaciones de tráfico de drogas están mucho más fragmentadas. Sin embargo, diversas organizaciones criminales armadas siguen operando en el país, entre ellas el Clan Úsuga, que cuenta con unos 3.000 miembros, y varias facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en conjunto también reúnen aproximadamente a unos 3.000 individuos. Además del narcotráfico, estos grupos también participan en actividades de extorsión y en la extracción ilegal de oro, en particular en el Departamento de Antioquia, donde el personal y los bienes de empresas multinacionales del sector de la minería han sufrido sabotajes y asesinatos.

Existe un riesgo significativo de que se repitan las protestas nacionales que paralizaron a Colombia a finales de 2019. Los líderes de las manifestaciones acordaron suspender la huelga para entablar negociaciones con el gobierno. Duchas negociaciones debían poner solución a las numerosas quejas de los ciudadanos, aspectos como la inclusión económica y social, y el proceso de paz. Ya que las demandas de los manifestantes siguen sin ser atendidas, es muy probable que se produzcan nuevas protestas a finales de 2020 y principios de 2021. En otros zonas del país, podrían producirse protestas contra proyectos petroleros y mineros. La reducción de competencias de las autoridades locales para bloquear judicialmente ciertos proyectos de extracción minera, puede dar lugar a un aumento de las actividades de protesta en las zonas próximas a dichos proyectos.

Las relaciones con Venezuela se han visto afectadas por la gran afluencia de refugiados venezolanos y la presencia de insurgentes del ELN en Venezuela. Las relaciones de Colombia con su país vecino se están deteriorando aún más puesto que el presidente Iván Duque ya no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, sino que reconoce al líder de la oposición Juan Guaidó como el líder legítimo del país. Como consecuencia, Maduro ha acusado a Colombia de tolerar complots para desbancarle. A pesar de esto, y de las ocasionales incursiones fronterizas de las tropas venezolanas, un enfrentamiento armado entre los dos países sigue siendo poco probable. Existe también un cierto riesgo de infracciones accidentales en una zona marítima disputada con Nicaragua, a pesar de la resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2012, en la que concedieron a Nicaragua el territorio marítimo que antes estaba en manos de Colombia.

El Conflicto Armado Interno de Colombia es una guerra asimétrica que se desarrolla en Colombia desde 1960 y está conformada por varios actores armados, principalmente guerrillas izquierdistas, paramilitares de derecha, narcotraficantes y otros grupos locales que, de acuerdo a sus intereses, establecen alianzas o se disputan los recursos existentes. Tras los Acuerdos de Paz alcanzados en 2016 (durante el gobierno de Juan Manuel Santos), el conflicto se encuentra actualmente en fase de transición. Estos acuerdos llevaron a la desmovilización parcial de la principal organización guerrillera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), que ha causado un vacío de poder que está siendo cubierto por otros actores armados. 

En efecto, contrario a su objetivo, estos acuerdos han llevado a un aumento de la violencia, al disputarse los territorios anteriormente controlados por las FARC entre los ahora principales grupos guerrilleros: el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las disidencias de las FARC (organizaciones armadas conformadas por excombatientes de las FARC-EP, cuyos miembros no se acogieron a los acuerdos de paz mencionados y volvieron a las armas); además de grupos narcotraficantes, como el Clan del Golfo. 

Estos grupos buscan controlar los puntos estratégicos, como las salidas al Pacífico, las fronteras con Venezuela, Ecuador y Brasil y la entrada a Centro América y apoderarse de las rentas/actividades ilegales (narcotráfico, minería ilegal, pesca ilegal, extorsión, secuestros, asesinatos y trata de personas) que constituyen sus principales vías de financiación. Es por esto que, si se observa su locación, se entiende porqué departamentos como Sucre, Antioquia, Córdoba, Nariño, Briceño, Ituango, entre otros, sufren altos niveles de violencia armada.  

El conflicto armado colombiano ha causado multitud de víctimas en las zonas en disputa, incluyendo desplazamientos de la población y reclutamiento forzoso de menores y es uno de los principales factores de descontento social. Aunque las amenazas anteriormente mencionadas no afectarían directamente a los proyectos de FCC en el país, este tipo de actividades están comúnmente relacionadas con acciones extorsivas, robos e intrusiones que sí tendrían un impacto negativo. 

En general, Colombia ocupa el puesto 140 de 163 en el Índice de Paz Global 2020 del Instituto de Economía y Paz.

Se requiere un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla. Una sola dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla es suficiente para conferir una inmunidad sostenida de por vida contra la enfermedad; debe tomarse con diez días de antelación para que sea plenamente eficaz.

Colombia ocupa el puesto 65 de 195 en el Índice de Seguridad Sanitaria Mundial de 2019, un proyecto de la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear (NTI) y el Centro de Seguridad Sanitaria de la Universidad Johns Hopkins (JHU), desarrollado con The Economist Intelligence Unit (EIU).

Las temperaturas en Colombia, situada a lo largo del ecuador, se mantienen estables durante todo el año. Las estaciones secas y lluviosas varían según la región, pero en general la lluvia es más común en abril y mayo, y de nuevo en octubre y noviembre. El clima de Colombia es tropical y húmedo a lo largo de la costa caribeña y en las regiones amazónicas, aunque árido en el desierto de la Guajira. Todas las zonas situadas por encima de los 3.000 metros de altitud tienen un clima generalmente frío.

Las lluvias torrenciales son comunes y suelen provocar inundaciones y deslizamientos de tierra, lo que a menudo conlleva el bloqueo de carreteras y fallecimientos. Esto es especialmente importante durante las estaciones de lluvia.

Las semanas de lluvias torrenciales en el primer semestre de 2017, las peores que se han registrado en el país en los últimos seis años, provocaron una gran destrucción en grandes zonas del país, en particular el desprendimiento de tierra del 1 de abril que devastó Mocoa, la capital del departamento del Putumayo, y causó unas 300 muertes. Las inundaciones y los desprendimientos arrasaron o bloquearon muchos caminos y puentes, y provocaron cortes frecuentes del suministro eléctrico y del agua. 

Desde junio hasta finales de noviembre, la costa norte del Caribe se ve afectada por tormentas tropicales. Si bien los huracanes y las tormentas tropicales son relativamente raros, los sistemas de tormentas pueden provocar lluvias torrenciales, vientos e inundaciones y daños materiales en el país.

Los incendios forestales son comunes, en particular durante los períodos de sequía y con altas temperaturas.

Colombia está situada en una zona sísmica y volcánica activa. La actividad volcánica de Colombia está vigilada por el Ingeominas, el servicio geológico colombiano.