Costa Rica es la democracia más duradera y estable de América Latina, con un régimen democrático casi ininterrumpido desde 1889 y escapando de la agitación política que engulló gran parte de América Central en el decenio de 1980. Los cambios inconstitucionales de gobierno siguen siendo muy poco probables y el país no corre el riesgo de inestabilidad política. Los acontecimientos políticos, especialmente en el poder legislativo, se caracterizan por la lentitud de los procesos. Si bien esto puede ser perjudicial para abordar cuestiones apremiantes, garantiza la previsibilidad de las políticas.

Una postura en gran medida favorable a las empresas ha fomentado importantes inversiones en la fabricación de alta tecnología, las telecomunicaciones y el turismo. Costa Rica es uno de los destinos de inversión más seguros de América Latina y los gobiernos seguirán adoptando una filosofía favorable a las empresas. Sin embargo, las industrias extractivas como la minería y el petróleo han enfrentado una resistencia considerable de la sociedad civil por motivos ambientales y han dado lugar a la suspensión de proyectos, como la suspensión en 2010 del proyecto minero Las Crucitas, cerca de la frontera con Nicaragua.

Entre los puntos controvertidos de la agenda económica, en particular en el contexto de la recuperación económica, se encuentran los ajustes fiscales y las preocupaciones sectoriales relacionadas con los impactos ambientales. Lo anterior seguirá dando lugar a luchas políticas internas. Sin embargo, es poco factible que dé lugar a una mayor inestabilidad política, ya que prevalecerán los fundamentos básicos, como el mantenimiento de un enfoque favorable a las empresas. Además, es posible que el Gobierno de Costa Rica mantenga su compromiso con el desarrollo sostenible, ya que es un componente clave del perfil internacional del país. 

En cuanto a la cuestión del déficit fiscal, Alvarado se ha comprometido a reducir el déficit fiscal al 3% del PIB para el final de su administración en 2022. El 4 de diciembre de 2018, la Asamblea Legislativa unicameral aprobó el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que tiene el objetivo de aliviar el déficit de dinero que sufre el gobierno para pagar sus gastos. Sin embargo, la Asamblea Legislativa firmó el 19 de marzo una ley de desgravación fiscal destinada a contrarrestar los efectos económicos de la pandemia. La ley establece una moratoria en la aplicación de la reforma fiscal aprobada en diciembre de 2018, que incluye el pago de los impuestos sobre el valor añadido (hasta el 31 de diciembre), el impuesto sobre la renta (hasta julio), las tarifas (hasta el 31 de diciembre) y el IVA para los establecimientos comerciales (hasta julio). Si bien la reforma fiscal por sí misma no será suficiente para hacer frente al insostenible déficit fiscal, los nuevos ajustes para frenar el gasto público y la deuda seguirán siendo controvertidos durante el mandato de Alvarado (hasta 2022). 

Costa Rica es considerada una democracia plena en el Índice de Democracia 2020, elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), en el que el país ocupa el puesto 19 de 167 países puntuados.

El país ocupa el puesto 62 en el Índice de Desarrollo Humano de 2020 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El entorno operativo en Costa Rica sigue siendo en general positivo para la inversión, sin que existan riesgos operativos importantes para los inversores extranjeros en Costa Rica, aunque las sucesivas administraciones no han logrado abordar las persistentes preocupaciones, como el déficit de infraestructura y la lentitud del sistema judicial. El sistema jurídico del código civil es en general justo e independiente de la influencia del gobierno, pero una importante acumulación de casos pendientes puede dar lugar a demoras para las empresas extranjeras. Los riesgos de disturbios laborales son mayores para el desarrollo de los recursos, el transporte público y las cuestiones fiscales. Sin embargo, esas manifestaciones no suelen socavar el clima de inversión propicio de Costa Rica. Se dispone fácilmente de mano de obra calificada y el nivel de sindicalización en el sector privado es relativamente bajo. La conciencia ambiental es alta y los proyectos de desarrollo son supervisados de cerca por organizaciones internacionales y nacionales. La mejora de la infraestructura, en particular de las carreteras, es actualmente un objetivo del gobierno en medio de repetidos informes de degradación, pero varios proyectos importantes han sufrido retrasos.

La corrupción no está tan generalizada como en otros países de América Latina, y las empresas extranjeras no la consideran un obstáculo importante para hacer negocios. Sin embargo, la corrupción es más probable a nivel municipal y ha afectado al boyante sector turístico del país en lo que respecta a la obtención de concesiones y a la operación en la restringida costa marítima.

El activismo laboral está bien organizado y los sindicatos son especialmente sensibles en los casos de privatización y las amenazas percibidas al medio ambiente, siendo los sectores del petróleo y el gas, y la minería los más afectados. Aunque el gobierno mantiene su compromiso de mejorar la facilidad de hacer negocios, el entorno empresarial sigue estando restringido por gravosas reglamentaciones.     

Las restricciones impuestas en respuesta a la pandemia de COVID-19 pueden causar importantes trastornos operativos en los próximos meses. Dado que Costa Rica no tiene un ejército permanente, no se ha promulgado ningún toque de queda ni cuarentena nacional. Sin embargo, el Gobierno ordenó opciones de trabajo a distancia para las instituciones controladas por el Estado y ha alentado al sector privado a hacer lo mismo desde principios de marzo. También hay restricciones al transporte de vehículos y la suspensión de las escuelas, así como de los principales eventos culturales y deportivos. 

La necesidad de mejorar el estado general de la infraestructura es ampliamente reconocida por la clase política, pero la necesidad del gobierno de aliviar el elevado déficit fiscal ha impedido la realización de proyectos de inversión en infraestructura en gran escala. El desarrollo de la infraestructura, especialmente de las carreteras, será una de las prioridades de la administración de Alvarado, principalmente mediante el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas (APP). Las carreteras suelen estar en condiciones mediocres. Las malas condiciones de las carreteras y los imprudentes hábitos locales de conducción contribuyen a que las tasas de mortalidad en las carreteras sean elevadas. 

En general, Costa Rica ocupa el puesto 74 de 190 países, según el índice Doing Business de 2020 del Banco Mundial y el 56 de 198 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020 de la organización Transparencia Internacional.

Los riesgos de seguridad son moderados. Las tasas de delincuencia son más bajas que en otras partes de América Central, pero han registrado un aumento gradual. En la zona septentrional del país se registran tasas de delincuencia más elevadas debido a la presencia de bandas delictivas armadas nicaragüenses y locales. El robo de automóviles es cada vez más frecuente, sobre todo en la capital. El terrorismo no constituye una amenaza, mientras que el malestar social tiene poco impacto en los negocios, aparte de las ocasionales demoras en el tráfico.

Los índices de delincuencia en Costa Rica son inferiores a los de otros países vecinos, pero aumentaron de manera constante entre 2012 y 2017, y el índice de homicidios alcanzó niveles históricos de 12,1 por cada 100.000 habitantes en 2017. Sin embargo, ha habido una mejora gradual bajo la administración del Presidente Carlos Alvarado. En 2018, la tasa disminuyó a 11,7, y en 2019 a 11 por cada 100.000 habitantes. Los principales riesgos de delincuencia para los extranjeros son los robos a mano armada, los incidentes relacionados con las drogas y las agresiones. El robo de coches se ha convertido en un problema creciente debido al crecimiento del mercado de coches robados en los países vecinos. Los incidentes de robo de carga se concentran principalmente en la provincia de Limón, pero han disminuido ligeramente durante el último año. El robo oportunista seguirá siendo la amenaza más importante para la seguridad del personal extranjero en el país.

Los sindicatos públicos organizan regularmente protestas por los recortes en el gasto público, las reformas fiscales y las preocupaciones medioambientales. Sin embargo, las manifestaciones son generalmente pacíficas y no son lo suficientemente grandes como para amenazar la estabilidad del gobierno. Las protestas también se producen esporádicamente cerca del puerto de Limón y bloquean el acceso de la autopista a la capital. Es común que los lugares de protesta incluyan autopistas y cruces fronterizos, como la ruta 27 entre San José, Santa Ana, la ruta 32, el cruce de Panamá en el Paso Canoas y los edificios gubernamentales en San José. Las protestas ocasionales de los camioneros pueden retrasar el tráfico en las carreteras principales y en los cruces fronterizos. Además, es factible que las protestas resurjan una vez que la pandemia del virus COVID-19 disminuya debido a la pérdida de empleos y a las nuevas medidas de austeridad.

No se conocen grupos terroristas en Costa Rica con la intención o la capacidad de atacar activos privados, militares o gubernamentales. Sin embargo, a mediados de 2019 se utilizaron explosivos contra edificios gubernamentales, lo que es inusual en el país. Hay una presencia modesta pero creciente de organizaciones internacionales de narcotráfico que no tienen interés en realizar ataques terroristas, aunque su presencia está contribuyendo a las altas tasas de delitos violentos. Es poco probable que los disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) presenten un riesgo directo de delincuencia o terrorismo.

Costa Rica abolió sus fuerzas armadas en 1948, pero sigue estando protegida por una fuerza de seguridad nacional activa y por la cooperación internacional con los Estados Unidos. El riesgo de una guerra interestatal sigue siendo bajo a pesar de la actual disputa fronteriza con Nicaragua a lo largo del río San Juan. Es viable que se produzcan incursiones ocasionales en las zonas en litigio, ya que ambos países están llevando a cabo proyectos de infraestructura a lo largo del río San Juan y Nicaragua trata de ampliar la exploración de petróleo en alta mar. No obstante, es probable que las principales controversias entre Nicaragua y Costa Rica se manifiesten a través de canales diplomáticos.

En general, Costa Rica ocupa el puesto 32 de 163 en el Índice de Paz Global 2020 del Instituto de Economía y Paz.

Se exige una prueba de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de nueve meses de edad que lleguen de un país con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla (con la excepción de la Argentina, Panamá y Trinidad y Tabago) y a los viajeros que hayan estado en tránsito durante más de 12 horas en un aeropuerto situado en un país con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Costa Rica ocupa el puesto 62 de 195 en el Índice de Seguridad Sanitaria Mundial de 2019, un proyecto de la Iniciativa sobre la Amenaza Nuclear (NTI) y el Centro de Seguridad Sanitaria de la Universidad Johns Hopkins (JHU), desarrollado con The Economist Intelligence Unit (EIU).

Las condiciones son húmedas y tropicales a lo largo de la costa del Caribe pero más secas en el interior y a lo largo del Pacífico. La estación seca dura de enero a mayo y la estación de lluvias de abril a diciembre. Las lluvias son las más intensas a lo largo de las costas del Atlántico y del Pacífico (lluvias intensas pero breves). El Valle Central de Costa Rica tiene un clima templado durante todo el año. Las temperaturas son muy altas a lo largo de la costa del Pacífico en el verano y ligeramente más frescas a lo largo de la costa del Caribe (30°C).

Costa Rica es vulnerable a los desastres naturales, incluida la actividad sísmica. El riesgo es mayor en la Península de Nicoya (norte) y en la Península de Osa (sur).

Las erupciones del volcán Turrialba, situado a unos 35 km (25 millas) al este-noreste de San José, son relativamente comunes y pueden provocar interrupciones de los vuelos en los aeropuertos internacionales Juan Santamaría (SJO) y Tobías Bolaños (SYQ) de San José, incluido el cierre total de los aeropuertos. El volcán también arroja regularmente cenizas potencialmente peligrosas sobre el Valle Central, donde vive el 60% de los 4,3 millones de habitantes de Costa Rica, así como sobre San José (véase la sección de SALUD). Varios otros volcanes activos están presentes en Costa Rica, incluyendo el Irazú, Rincón y Poás.

En caso de actividad volcánica cercana, manténgase al tanto de la situación y tome las precauciones necesarias si se encuentra en las zonas afectadas, como abastecerse de agua potable, usar máscaras respiratorias y llevar ropa de cobertura para proteger la piel de las cenizas abrasivas. Esté preparado para evacuar si se da tal orden.

Las tormentas y aguaceros son comunes durante la temporada de lluvias, que dura de mayo a noviembre, con un pico de precipitaciones en septiembre y octubre. Durante este período es posible que se produzcan inundaciones y deslizamientos de tierra, con las consiguientes interrupciones de los viajes.

Toda situación de emergencia puede ser vigilada por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).