El Ecuador se ha caracterizado tradicionalmente por la inestabilidad política, pero esto cambió bajo el gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007-17), cuya Revolución Ciudadana trajo estabilidad política y financiera durante más de diez años, además de beneficios sociales sin precedentes para grandes franjas de la población. La coalición gobernante de AP, fundada por Correa, ha estado en el gobierno desde 2007, pero actualmente tiene menor mayoría parlamentaria que durante el gobierno de Correa. La necesidad de Moreno de alcanzar mayorías legislativas le ha llevado a crear coaliciones ad hoc con partidos políticos de derecha (que habían planteado una mayor oposición a la AP durante el gobierno de Correa) para aprobar leyes. No obstante, los partidos de derecha se han ido distanciando cada vez más de las políticas económicas más delicadas o polémicas de Moreno, aunque en general están de acuerdo en la necesidad de mejorar la gestión fiscal y la ortodoxia económica. A medida que se acerquen las elecciones generales de 2021, disminuirá la capacidad del gobierno para conseguir apoyo las medidas más impopulares, de austeridad y reformas. 

Aunque el enfoque personal de Moreno hacia los grupos de interés e inversores es más conciliador que el de Correa, seguirá enfrentándose a una serie de obstáculos, incluyendo un amplio espectro de oponentes y resistencia interna, en particular de los miembros de la línea dura de AP. Esto no supondrá una amenaza para la estabilidad política, pero dificultará la gobernabilidad. Los aliados de Correa harán todo lo posible para culpar a Moreno de numerosos problemas sociales, como el estado de la economía, el aumento de las tasas de criminalidad, la gestión de la pandemia de COVID-19, y por ir en contra de sus promesas de campaña. Las fuerzas de la oposición (en particular el Partido Social Cristiano, el PSC y el movimiento CREO) tratarán de aumentar el apoyo popular socavando la agenda de reformas de Moreno, capitalizando su creciente influencia a nivel local después de las elecciones locales de marzo de 2019, y culpándolo de la crisis del coronavirus.

Hay varios factores estructurales que alimentan la inestabilidad y que probablemente persistan independientemente del resultado de las elecciones. La fragmentación del sistema de partidos seguirá afectando a la Asamblea Nacional, lo que obstaculizará la aprobación de reformas (el estancamiento legislativo fue un factor que impulsó la remoción temprana de los presidentes en el decenio de 1990 y principios del de 2000). Mientras tanto, la dependencia de Ecuador del petróleo lo hace particularmente vulnerable a los cambios en su precio. Por último, los movimientos sociales (principalmente los grupos indígenas) son agentes influyentes, a menudo capaces de obligar al gobierno a dar marcha atrás en las reformas (en el pasado también tuvieron presidentes no designados). Sin embargo, la mayor fragmentación política, los cambios institucionales introducidos por Moreno y la posibilidad de que se produzca una reacción social reducirán considerablemente la probabilidad de que se produzcan reformas radicales o cambios repentinos de régimen.

En 2019, Correa acordó préstamos por valor de 10.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones multilaterales para hacer frente al grave déficit fiscal. Moreno también ha impulsado una campaña anticorrupción, que ha permitido que varios miembros de la administración de Correa sean investigados y/o procesados. Estos esfuerzos forman parte de una campaña para garantizar la seguridad jurídica y atraer capital extranjero a fin de apuntalar la maltrecha economía.

Ecuador está considerado como una Democracia Defectuosa en el Índice de Democracia 2020, elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), en el que el país ocupa el puesto 67 de 167 países puntuados.

El país ocupa el puesto 86 en el Índice de Desarrollo Humano de 2020, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Las interrupciones operacionales causadas por el COVID-19, específicamente las relacionadas con la movilidad de los trabajadores (como las restricciones a la circulación de automóviles privados), plantearán desafíos y retrasos a las empresas que operan en Ecuador. Las restricciones también afectarán a los proveedores y suministradores, introduciendo posibles retrasos en las operaciones. Como los gobiernos locales siguen desempeñando un papel importante en la determinación de las restricciones durante la pandemia, es probable que las empresas sigan enfrentándose a problemas, porque las restricciones pueden diferir según la jurisdicción.

Se espera que los riesgos de huelgas laborales públicas y privadas aumenten en los próximos meses a medida que el gobierno toma medidas para controlar la pandemia del virus COVID-19. La afiliación sindical es baja, sin embargo, la Confederación de Pueblos Indígenas (Conaie) actúa frecuentemente como catalizador de la actividad sindical. Aunque no se permite a los empleados de "sectores estratégicos" como los hidrocarburos, la electricidad y las telecomunicaciones participar en la acción sindical, la capacidad para hacer cumplir esta ley es limitada. El riesgo de corrupción institucional sigue siendo muy alto, a pesar de los esfuerzos de la administración por abordar la cuestión. La pandemia de COVID-19 también está poniendo de relieve el alcance de la corrupción y los casos de soborno y sobrecoste han sido muy frecuentes.

El 15 de diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley contra la corrupción que creó nuevos delitos de corrupción e introdujo nuevos controles sobre el fraude en las adquisiciones del sector público. El proyecto de ley mejorará el entorno de riesgo de integridad, ya que desalentará la corrupción entre el sector público y el privado, al tiempo que reducirá los riesgos de corrupción en los procesos de contratación pública. La capacidad de aplicación de la ley seguirá siendo limitada debido a la ineficiencia del sistema judicial, y las investigaciones y sanciones serán limitadas en comparación con el alcance de la corrupción evidenciada. Como resultado del proyecto de ley, las empresas se enfrentarán a mayores riesgos para su reputación debido a que el personal estará expuesto a investigaciones penales en medio de la introducción de delitos de corrupción en el sector privado.

Los delincuentes suelen atacar autobuses intra e interurbanos, muchos de los cuales están saturados y mal mantenidos. Utilice autobuses seguros, identificables por una pegatina colocada en los laterales y en el parabrisas del vehículo; estos autobuses están equipados con cámaras de vigilancia y un sistema GPS que permite a las autoridades locales responder rápidamente en caso de problema. En todo caso, esté atento cuando esté en los autobuses, en los que se denuncian regularmente robos y otros delitos más graves. Es aconsejable evitar tomar los autobuses después del atardecer, sobre todo en las regiones de Manabí y Guayas. Cuando utilice taxis, utilice sólo empresas autorizadas y evite llamar a los taxis en la calle. Conduzca con las puertas cerradas y las ventanas cerradas.

En general, el Ecuador ocupa el puesto 129 de 190 países, según el Índice Doing Business de 2020 del Banco Mundial y el puesto 93 de 198 en el Índice de Percepción de la corrupción de 2020 de la organización Transparencia Internacional.

Hay una fuerte presencia de crimen organizado en el Ecuador. Los limitados requisitos de visado, una economía dolarizada y la proximidad a los dos mayores países productores de cocaína del mundo crean un entorno muy favorable para la delincuencia organizada. Como consecuencia, Ecuador es un centro de tráfico de drogas. A pesar de la presencia de grupos de delincuencia organizada locales e internacionales, incluidos los carteles colombianos y mexicanos, los niveles de violencia siguen siendo relativamente limitados. La violencia relacionada con la delincuencia organizada es mayor en el puerto de Guayaquil y a lo largo de la frontera con Colombia. En general, la ciudad de Guayaquil sigue siendo particularmente problemática, con una delincuencia común y violenta desenfrenada, que los esfuerzos del gobierno no consiguen paliar. Aunque los niveles de delincuencia en la zona siguen siendo más bajos que antes de la pandemia (salvo en el caso de los homicidios), las condiciones de seguridad sobre el terreno seguirán siendo difíciles para los ciudadanos y las empresas, que están expuestos a robos callejeros y asaltos a mano armada.

La expansión del virus COVID-19 redujo la intensidad de las protestas en Ecuador durante el año 2020, pero es probable que éstas aumenten (incluyendo saqueos) debido a una combinación de factores como la falta de voluntad para cumplir con los cierres gubernamentales y la preocupación por la disponibilidad de alimentos, la ineficiencia del sistema de salud, el descontento por la pérdida de puestos de trabajo y las medidas de austeridad y fiscales impuestas para hacer frente a una crisis de liquidez, que impiden al Estado apoyar a los necesitados. En los siguientes meses al pico de casos de COVID-19, veremos una renovación de las protestas motivadas por razones políticas y económicas, el aumento de los bloqueos de carreteras cerca de los edificios gubernamentales, que también se enfrentan a riesgos de vandalismo, y las zonas petroleras.

Es probable que los riesgos de guerra sigan siendo moderados. Los despliegues de tropas se limitarán a controlar las protestas violentas y a frustrar las actividades de los grupos armados ilegales que operan a lo largo de la frontera con Colombia, incluidos los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde principios de 2018 el gobierno ha desplegado personal militar adicional en la frontera colombiana tras varios ataques con artefactos explosivos improvisados contra las fuerzas de seguridad del Estado en la provincia de Esmeraldas por parte de disidentes de las FARC. Las relaciones con Perú siguen siendo cordiales a pesar del retiro temporal del embajador de Perú en protesta por la construcción de un muro fronterizo en 2017.

Existe un riesgo aislado de incidentes terroristas a lo largo de la frontera con Colombia. Los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -considerados criminales en Colombia pero descritos como terroristas por el gobierno ecuatoriano - continúan operando en las provincias de Esmeraldas y, en menor medida, Sucumbíos. En 2018, el disidente 'Frente Oliver Sinisterra', secuestró y asesinó a tres periodistas ecuatorianos en Esmeraldas. El grupo también ha sido responsable de varios ataques con artefactos explosivos improvisados (IED) contra las fuerzas de seguridad del Estado y un pilón de electricidad. En respuesta, los gobiernos ecuatoriano y colombiano han incrementado la cooperación militar a lo largo de la frontera, matando al supuesto líder del grupo en diciembre de 2018.

En general, Ecuador ocupa el puesto 90 de 163 en el Índice de Paz Global de 2020 del Instituto de Economía y Paz.

Ecuador no se encuentra actualmente entre los países más ciber-atacados del mundo según el mapa de ciberamenazas de Kaspersky.

No se requiere ninguna vacuna para entrar en el país.

El Ecuador ocupa el puesto 45 de 195 en el Índice de Seguridad Sanitaria Mundial de 2019, un proyecto de la Nuclear Threat Initiative (NTI) y el Johns Hopkins Center for Health Security (JHU), desarrollado con The Economist Intelligence Unit (EIU).

El clima de Ecuador es, como es lógico, en gran parte ecuatorial. A lo largo de la costa, las temperaturas y los niveles de humedad son altos durante todo el año. La lluvia es más abundante entre diciembre y abril, y en el norte del país. Los días son generalmente calurosos y las noches frescas, con poca variación de temperaturas de una estación a otra.

Ecuador es vulnerable a desastres naturales debido a su ubicación a lo largo del "Cinturón de Fuego" del Pacífico, una zona sísmica muy activa. En el país hay unos 24 volcanes "activos" o "potencialmente activos", en particular el Cotopaxi, el Sangay, el Tungurahua y el Reventador, los cuales entran en erupción con relativa frecuencia. Siempre se deben tener en cuenta las instrucciones de las autoridades locales cuando se esté en las proximidades de los volcanes.

Del mismo modo, los terremotos son comunes y pueden causar daños a gran escala e interrupciones en el transporte, especialmente si se producen deslizamientos de tierra. En abril de 2016, un poderoso terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter sacudió el noroeste del país, matando a cientos de personas y dejando a su paso importantes daños materiales y de infraestructura. Los terremotos en el mar también crean el riesgo de tsunamis en las regiones costeras; en caso de que se produzca un terremoto de este tipo, se deben seguir todas las instrucciones emitidas por las autoridades locales (como las órdenes de evacuación).

Las inundaciones pueden ocurrir durante todo el año, pero son particularmente frecuentes durante la temporada de lluvias, que comienza en octubre y dura hasta abril/mayo, aunque esto varía ligeramente según la región.

Si tiene previsto visitar el Ecuador, manténgase informado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.