Es probable que España siga experimentando inestabilidad política en los próximos años El sistema bipartidista tradicional - dominado por el Partido Popular (PP) de centro-derecha y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de centro-izquierda - se ha fragmentado desde la crisis financiera mundial de 2008-09. El gobierno en minoría liderado por el PSOE - que reemplazó al del PP en junio de 2018 después de la implicación de este último en un importante juicio por corrupción - cayó después de que el parlamento rechazara en febrero de 2019 su proyecto de presupuestos para el año 2019. Tras el intento fallido para formar un gobierno después de las elecciones anticipadas de abril de 2019, en noviembre de 2019 se celebraron las cuartas elecciones generales de España en cuatro años. El PSOE obtuvo el mayor número de votos pero no alcanzó la mayoría en el Congreso y anunció la formación de un gobierno de coalición con Podemos. La coalición aún carecía de mayoría y tuvo que recurrir a otros partidos -incluidos los independentistas catalanes- para lograr la investidura. El gobierno seguirá necesitando la cooperación de otros partidos para aprobar sus propuestas, lo que probablemente resultará difícil en momentos en que las tensiones entre el gobierno central y los gobiernos regionales -y entre el gobierno en minoría y la oposición- son elevadas. Las diferencias políticas y la creciente polarización política y frustración por el manejo de la pandemia del coronavirus por parte del gobierno hacen probable que el gobierno de coalición se enfrente a más períodos de inestabilidad.

El creciente apoyo a partidos de derecha radical como Vox - obtuvo el 15,09% de los votos en las elecciones generales de noviembre de 2019, convirtiéndose en la tercera fuerza en el Congreso - es otro síntoma de la creciente fragmentación de la política española. Es probable que en las futuras elecciones haya más problemas en la formación de los gobiernos, lo que socavará la formulación de políticas de consenso.

La corrupción de alto nivel ha ocupado un lugar destacado en los titulares de las noticias en España en los últimos años. El caso más notable fue el juicio de la trama Gürtel en mayo de 2018 que causó la caída del gobierno del PP. Los sucesivos gobiernos sólo han tomado medidas limitadas para abordar el problema de la corrupción y es probable que los vínculos opacos entre los negocios y la clase política persistan en los próximos años.

España está considerada como una Democracia Plena en el Índice de Democracia 2020, desarrollado por la Unidad de Inteligencia de The Economist(EIU), en el que el país ocupa el puesto 18º de 167 países puntuados.

El país ocupa el puesto 25º en el Índice de Desarrollo Humano de 2019 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El 14 de marzo de 2020 el gobierno declaró el "estado de alarma" en respuesta a la pandemia del coronavirus mundial de 2019 (COVID-19), que duró hasta junio. Desde entonces, la desescalada está siendo gradual y se están aplicando medidas a ritmos diferentes dependiendo de la región autónoma y la situación de la pandemia en cada región. Por consiguiente, siguen en vigor importantes limitaciones operacionales, como bloqueos localizados y otras restricciones reglamentarias en materia de viajes a terceros países, que afectan al crucial sector del turismo. Las empresas continuarán enfrentándose a nuevas restricciones en caso de que el número de casos vuelva a aumentar, lo que complicará la reanudación de la actividad económica y su recuperación. Si bien los trabajadores transfronterizos y los que transportan mercancías suelen quedar excluidos de las restricciones fronterizas, es probable que los controles adicionales en las fronteras den lugar a demoras operacionales. Es posible que se produzcan perturbaciones durante los próximos meses, hasta que la crisis desaparezca. Fuera de este período excepcional, España suele estar bien situada en comparación con sus homólogos regionales en lo que respecta al desarrollo de negocios. Sin embargo, la obtención de licencias, permisos y créditos sigue siendo problemática.

Las políticas liberales sobre la propiedad de la tierra han sido la base del auge de la construcción del país. Sin embargo, la aplicación de sanciones por exceso de desarrollo o construcciones fuera de las zonas designadas ha aumentado en los últimos años, en medio de las denuncias de que varios proyectos de construcción se han desarrollado en las zonas costeras de forma poco sostenible.

Además, los riesgos de corrupción seguirán siendo elevados, ya que se han suspendido varios mecanismos de transparencia pública durante la respuesta de emergencia del COVID-19. Los riesgos de protestas fueron limitados por el estado de alarma, pero es probable que resurjan más adelante, a medida que se levantes las restricciones.

En general, el entorno operativo presenta pocos desafíos para las empresas. La infraestructura ha mejorado rápidamente en los últimos años, aunque la calidad de algunas carreteras sigue siendo deficiente y los viajes en tren fuera de la red de trenes de alta velocidad AVE pueden ser lentos. La corrupción y la exposición al crimen organizado pueden afectar a los negocios, especialmente en el sector de la construcción. El poder judicial es fuerte e independiente pero lento. Los intentos de reducir la carga de la burocracia y la regulación han tenido resultados dispares. Las manifestaciones y las disputas de los trabajadores ocurren esporádicamente y pueden provocar interrupciones.

El transporte público en todo el país es generalmente fiable y está en excelentes condiciones. Todas las grandes ciudades tienen servicios de taxis regulados. En Madrid, los taxis oficiales tienen una tarifa plana de 30 euros entre el centro de la ciudad y el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas (MAD). El servicio de ferrocarril es fiable, pero la calidad y la velocidad varían según la región. Los autobuses públicos también suelen estar en buen estado y son económicos.

España ocupa el puesto 30º de 190 países analizados en el Índice Doing Business de 2020 del Banco Mundial y el 30º de 198 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020 de la organización Transparencia Internacional.

Teniendo en cuenta el contexto internacional y la realidad de los países en los que está presente FCC, se considera que el entorno de seguridad en España es, a pesar de los aspectos que se van a explicar a continuación, estable y favorable a la actividad empresarial. 

Los delitos menores son relativamente comunes y los niveles de criminalidad han crecido en las principales ciudades, siendo posible que aumenten aún más a medida que el impacto económico adverso de la pandemia del coronavirus 2019 (COVID-19) ejerza una mayor presión sobre los hogares de bajos ingresos. En marzo de 2004 se produjeron ataques extremistas islamistas en gran escala contra la infraestructura de transporte de Madrid. Los atentados con atropellos a viandantes en Cataluña en agosto de 2017 causaron la muerte de 15 personas, y desde entonces se han producido varios incidentes en pequeña escala. Esos ataques demuestran una amenaza persistente, aunque sigue siendo menor que en Francia o el Reino Unido.

Los índices de delitos violentos en España siguen siendo generalmente bajos, aunque el número total de delitos denunciados aumentó en un 3,3% en 2019 en comparación con 2018. Barcelona registra tasas de delincuencia más altas en casi todas las categorías, con aproximadamente un 40% más de robos callejeros que la capital más poblada, Madrid. Otras regiones con índices de delincuencia superiores a la media son las Islas Baleares, Málaga y Madrid. Es probable que la criminalidad menor sea más habitual en zonas frecuentadas por turistas y en el transporte público. La delincuencia organizada está vinculada principalmente con el tráfico internacional de drogas, el blanqueo de dinero, la trata de personas con fines de prostitución y los delitos contra la propiedad. Es probable que los grupos delictivos sigan teniendo influencia a nivel municipal.

Los disturbios sociales, especialmente en Madrid y Barcelona, han aumentado durante la segunda mitad de 2020. Es probable que las cuestiones relacionadas con la independencia de Cataluña provoquen protestas, principalmente en Barcelona y otras ciudades catalanas, y esporádicamente en el centro de Madrid. Es posible que algunas marchas se vuelvan violentas, aunque es poco probable que causen muertes. Las reuniones públicas celebradas por Vox, es probable pueden desencadenar respuestas violentas por parte de grupos antifascistas radicales en Andalucía, Cataluña y el País Vasco

En cuanto al terrorismo islámico, los atentados con vehículos en Barcelona y Cambrils, en agosto de 2017, implicaron un grado significativo de coordinación entre los militantes islamistas. Madrid y Barcelona seguirán sufriendo el mayor riesgo de sufrir ataques. Lo más probable es que los ataques sean llevados a cabo por actores solitarios con poca capacidad o por pequeñas células terroristas.

Históricamente, el grupo terrorista vasco ETA presentaba la principal amenaza terrorista, especialmente en el País Vasco y las regiones vecinas. Sin embargo, en 2010 anunció un alto al fuego, en 2014 anunció un proceso de retirada de sus armas y en 2018 se disolvió oficialmente, lo que ha reducido considerablemente la amenaza de ataques nacionalistas/separatistas. Parece sumamente improbable que ETA reanude sus operaciones en un futuro próximo. La detención de siete separatistas catalanes en septiembre de 2019, acusados de planear atentados con explosivos contra edificios públicos en Barcelona, sugiere un grado emergente de riesgo terrorista en Cataluña.

Los riesgos de guerra interestatal seguirán siendo bajos en España gracias a las amistosas relaciones diplomáticas y económicas con la mayoría de los países europeos y muchos otros estados del mundo. España está estrechamente integrada en la Unión Europea, la OTAN y otras organizaciones internacionales. Es muy improbable que las desavenencias diplomáticas con el Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar durante las actuales negociaciones de Brexit, los pequeños desacuerdos ocasionales con Marruecos sobre los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, y las disputas con Portugal sobre las remotas Islas Salvajes y la región de Olivenza desemboquen en un conflicto armado.

España ocupa el puesto 38º de 163 en el Índice de Paz Global 2020 del Instituto de Economía y Paz.

España está actualmente entre los países más ciberatacados del mundo. Según el mapa de ciberamenazas de Kaspersky, España está clasificado como el 8º país más atacado.

Las autoridades españoles no exigen ninguna vacuna a los visitantes extranjeros para entrar en el país

España ocupa el puesto 15º de 195 en el Índice de Seguridad Sanitaria Mundial 2019, un proyecto de la Iniciativa de Amenaza Nuclear (NTI) y el Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria (JHU), desarrollado junto la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU).

España está dividida en tres zonas climáticas. El norte (Galicia, Cantabria, País Vasco) tiene un clima oceánico caracterizado por lluvias regulares y temperaturas suaves durante todo el año; los veranos no suelen ser muy calurosos. El centro del país (Castilla, León, La Mancha, Aragón) experimenta un clima continental: los inviernos son fríos y secos y los veranos muy calurosos. A lo largo de la costa mediterránea (desde Cataluña hasta Andalucía), los inviernos son suaves y los veranos son a menudo calurosos, particularmente en Andalucía. La lluvia es más común en los meses de primavera y otoño.

España se encuentra en una zona sísmica activa y los terremotos pueden afectar al país, como el terremoto de magnitud 5,1 que golpeó Lorca el 12 de mayo de 2011, dejando una docena de personas muertas. Las Islas Canarias (especialmente la isla de El Hierro) también experimentan actividad sísmica. Uno de los terremotos más recientes ocurrió en enero de 2016, cuando se registró un terremoto de magnitud 6,1 en la costa de Málaga. La zona más afectada fue Melilla, donde 26 personas sufrieron heridas leves.

De vez en cuando, España también experimenta incendios forestales de verano, fuertes lluvias e inundaciones. En diciembre de 2016 se produjeron graves inundaciones en la Costa del Sol, que provocaron al menos una muerte. Alicante experimentó cantidades récord de lluvia en marzo de 2017. Según las publicaciones de los medios, la región sufrió las peores inundaciones de los últimos 20 años.

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