Hungría es un Estado unitario y una democracia parlamentaria. La Asamblea Nacional (Orszaggyules), cuyos miembros son elegidos directamente cada cuatro años, es el órgano de mayor poder. El poder ejecutivo recae en el gabinete de ministros, dirigido por un primer ministro. El presidente, elegido por mayoría parlamentaria para cinco años, tiene poderes principalmente simbólicos y ceremoniales, pero tiene la autoridad de nombrar al primer ministro.

Hungría es formalmente una república democrática con un sistema multipartidista, pero la intervención de Fidesz en la Constitución y las restricciones a las campañas políticas y las elecciones, a la sociedad civil y a los medios de comunicación han erosionado los controles y equilibrios desde 2010. El partido domina el aparato del Estado y las redes clientelares vinculadas a Fidesz han aumentado su presencia en varios sectores de la economía, así como en los medios de comunicación. El poder judicial sigue siendo ampliamente independiente, aunque puede estar sujeto a la influencia política en casos de gran repercusión.

La populista y derechista Alianza Cívica Húngara (Fidesz) lidera un gobierno de coalición con el servil Partido Popular Demócrata Cristiano (KNDP). El Fidesz lleva en el poder desde 2010 y sigue gozando de un alto nivel de apoyo público. El dominio de Fidesz sobre el espacio público y los medios de comunicación, y los cambios en el sistema electoral le han dado una ventaja sobre la oposición. Esto se puso de manifiesto en las elecciones de abril de 2018, en las que obtuvo casi el 50% de los votos, muy por delante del mayor partido de la oposición, Jobbik, con un 20%.

Por lo tanto, el país goza de una amplia estabilidad política bajo el gobierno liderado por el Fidesz y la amenaza de un cambio inconstitucional de gobierno es baja. La posición dominante del Fidesz, junto con el apoyo de un presidente y un parlamento leales, le permite gobernar en gran medida sin obstáculos. Sin embargo, los controles democráticos y el Estado de Derecho se han debilitado en la última década. En particular, la legislación impuesta en el marco de las medidas para prevenir la propagación de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) ha dotado al gobierno de amplios poderes sin fecha concreta de caducidad. La tendencia del gobierno hacia políticas económicas nacionalistas y proteccionistas en varios sectores -como la energía, los servicios públicos, las telecomunicaciones, la banca, la agricultura y el comercio minorista- ha aumentado el margen de intervención estatal que afecta negativamente a los inversores extranjeros.

Además, desde que asumió el cargo, el estilo de liderazgo personalizado del Primer Ministro Viktor Orban y sus acciones para erosionar los controles y equilibrios han tendido al semiautoritarismo. Su retórica anticapitalista y nacionalista resonó bien en un país cuya economía sufrió mucho los efectos de la crisis financiera y económica mundial. Mientras tanto, su retórica cada vez más alarmista contra la UE y la inmigración ha ganado apoyo entre amplios sectores de la población que se oponen a un aumento de la inmigración.

La corrupción y el amiguismo vinculados a altos cargos de Fidesz han aumentado en los últimos años y han contribuido a la disminución de la confianza de los ciudadanos en los políticos. La amenaza es más pronunciada en los procesos de contratación pública, y los intereses creados pueden afectar a la elaboración de políticas y distorsionar la competencia para los inversores extranjeros. La centralización del poder político y económico en el Primer Ministro Viktor Orbán y su círculo cercano, y la erosión simultánea de los controles y equilibrios independientes, suponen amenazas a largo plazo para la estabilidad.

El entorno normativo es complejo y la carga de cumplimiento es elevada. La Constitución de 2010 protege la propiedad privada y sólo permite la expropiación para fines públicos y con una indemnización justa. Aunque la compensación se proporciona normalmente, no es necesariamente a precios de mercado, y pueden producirse retrasos en los pagos. A pesar de esto, Hungría presenta  estabilidad general de los contratos. En cuanto a la estabilidad soberana, la probabilidad de que el gobierno dirigido por Fidesz repudie sus deudas es baja. La posición fiscal de Hungría ha mejorado de forma constante -aunque lenta- en los últimos años. 

Hungría está considerada como una democracia defectuosa en el Índice de Democracia 2020, elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU), donde el país ocupa el puesto 56 de los 167 países puntuados.

El país ocupa el puesto 40 en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Hungría se ha beneficiado de una fuerte afluencia de inversiones extranjeras directas. No obstante, varias medidas del gobierno de Fidesz -como los impuestos específicos sobre determinados sectores en los que operan principalmente las empresas extranjeras-, su legislación, a menudo arbitraria, y su afán de centralización han hecho que el entorno operativo de Hungría sea menos predecible. Los trámites burocráticos siguen siendo engorrosos. Es probable que la corrupción y el clientelismo de alto nivel sigan siendo un problema, sobre todo en los proyectos de infraestructuras financiados por el gobierno y la UE, dado que estos problemas se han institucionalizado cada vez más a medida que el partido ha centralizado el poder político y económico. El gobierno adopta con frecuencia una retórica anticapitalista y ha aprobado leyes que afectan de forma desproporcionada a los inversores extranjeros y aumentan el papel del Estado en la economía, lo que provoca ocasionales disputas con los organismos de la UE. La lentitud y el exceso de procedimientos burocráticos, así como las elevadas cargas fiscales y de cumplimiento, pueden complicar las operaciones. 

Es probable que las restricciones impuestas en respuesta a la pandemia de COVID-19 provoquen importantes trastornos operativos en 2021. A lo largo de 2020, el gobierno impuso y levantó periódicamente restricciones en función del número de casos de COVID-19 y es probable que siga haciéndolo mientras el virus esté en circulación. Estas incluyen restricciones a la actividad económica y a la circulación. Estas restricciones son a veces son localizadas y anunciadas con poca antelación, lo que deriva en problemas de cumplimiento.

Los riesgos operativos más persistentes se deben principalmente a las deficiencias de la administración pública, la compleja burocracia y una carga fiscal y de cumplimiento relativamente alta. Las infraestructuras de transporte son generalmente fiables, con varias autopistas que conectan la capital, Budapest, con los países vecinos. Los suministros de agua y electricidad, así como los servicios de telecomunicaciones, rara vez plantean problemas a las empresas. Las infraestructuras están bien desarrolladas y, en general, cumplen los estándares occidentales. La red ferroviaria estatal suele ser fiable y es muy utilizada por las empresas. Sin embargo, su mantenimiento es deficiente y las huelgas pueden interrumpir los servicios de pasajeros y de mercancías.

La escasez de mano de obra y de competencias se ha vuelto más problemática en los últimos años. La escasa movilidad de la mano de obra y las escasas posibilidades de desplazarse han agravado el problema, y el gobierno no ha conseguido hasta ahora colmar el vacío causado por la emigración laboral a Europa Occidental. Los problemas para contratar y retener a los trabajadores han sido especialmente graves en los sectores de la manufactura y la construcción, y sectores como las TIC, el comercio minorista y la hostelería también informan de crecientes problemas para encontrar mano de obra.

En general, Hungría ocupa el puesto 52 de 190 países calificados en el Índice Doing Business 2020 del Banco Mundial y el 69 de 198 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de la organización Transparencia Internacional.

El entorno de seguridad es generalmente favorable para las empresas. La delincuencia violenta es escasa, y la pequeña delincuencia callejera constituye la principal amenaza para la seguridad del personal. La amenaza del terrorismo extremista islamista es menor en Hungría que en los países de Europa Occidental, y no hay grupos terroristas conocidos en activo. Algunos grupos de extrema derecha tienen tendencias militantes y pueden protagonizar actos de violencia esporádicos, pero no hay precedentes recientes de que estos grupos hayan atacado a empresas extranjeras. Las protestas públicas ocasionales contra el gobierno no suponen una amenaza para la seguridad básica.

Las tasas de homicidio han fluctuado en los últimos años, pero están en gran medida en línea con la media de la UE, y son bajas en comparación global. Los índices de delincuencia han disminuido, aunque esto puede deberse principalmente a los cambios en la metodología estadística y a las modificaciones legales relacionadas con las definiciones de delitos y faltas. El fraude, incluidos algunos casos de gran repercusión, sigue siendo problemático, mientras que el consumo de drogas y las actividades delictivas relacionadas están aumentando en algunas zonas rurales pobres y en bolsas de la capital, Budapest. Los robos de vehículos sin vigilancia y los hurtos en el transporte público siguen siendo habituales en Budapest. Los robos de coches suelen ser llevados a cabo por bandas extranjeras, para luego exportarlos. En cuanto a la delincuencia organizada, las bandas transnacionales (en su mayoría procedentes de los países balcánicos) dominan cada vez más ámbitos como el tráfico de drogas y personas, la falsificación y el blanqueo de dinero.

Las protestas ocasionales a favor y en contra del gobierno suelen atraer a varios miles de personas. Pueden causar algunos trastornos en los negocios y el tráfico, principalmente en el centro de Budapest. Si se celebran, es poco probable que duren más de unas horas o un día. La violencia es poco frecuente y es probable que se dirija principalmente a la policía o al personal de seguridad, o a otros manifestantes. Los locales o vehículos del gobierno serían los objetivos más probables del vandalismo durante estas protestas. En el primer semestre de 2020, los riesgos de las protestas se han visto mitigados por la pandemia del virus COVID-19 y las restricciones gubernamentales relacionadas. Los movimientos ecologistas y antiglobalización siguen estando poco desarrollados y se organizan principalmente como movimientos sociales pacíficos.

El riesgo de que Hungría se vea envuelta en un conflicto militar interestatal o la probabilidad de que se produzca una guerra civil en el país es baja y es muy probable que siga siéndolo. La cuestión de las minorías húngaras pone ocasionalmente a prueba los lazos diplomáticos entre Hungría y sus vecinos (principalmente Eslovaquia, Rumanía, Serbia y Ucrania), pero lo más probable es que se contenga a nivel diplomático y político. Además, Hungría forma parte de la UE (junto a Eslovaquia y Rumanía), lo que mitiga aún más el riesgo; mientras que su pertenencia a la OTAN (también junto a Eslovaquia y Rumanía) actuará como un elemento disuasorio adicional contra los ataques externos.

El considerable aumento de afluencia de refugiados a través de Hungría a la UE aumentó la preocupación nacional por posibles ataques terroristas, especialmente tras los numerosos actos de terrorismo en Europa Occidental desde 2015. El tratamiento húngaro de los refugiados ha sido controvertido, incluyendo el uso de la fuerza (gases lacrimógenos y cañones de agua) para mantener el orden en las fronteras. Dicho esto, el país seguirá siendo un objetivo poco probable de los grupos militantes islamistas. La violencia por motivos étnicos, dirigida principalmente a los miembros de la comunidad romaní y a diversas comunidades de inmigrantes, es el principal riesgo de terrorismo en Hungría.

En general, Hungría ocupa el puesto 24 de 163 en el Índice de Paz Global 2020 del Instituto para la Economía y la Paz.

Hungría no se encuentra actualmente entre los países más ciberatacados del mundo. Según el mapa de ciberamenazas de Kaspersky, ocupa el puesto 52 de los países más ciberatacados. 

Hungría tiene un clima continental moderado. Los inviernos son duros y nevados; los veranos son largos y pueden llegar a ser bastante calurosos y las tormentas eléctricas son frecuentes. El país recibe grandes cantidades de lluvia en febrero y marzo.

Hungría no es muy vulnerable a las catástrofes naturales. Las lluvias torrenciales pueden provocar inundaciones y corrimientos de tierra mortales, sobre todo durante la temporada de lluvias (de mayo/junio a noviembre). Unas 300 personas murieron en un corrimiento de tierras que sepultó el pueblo de El Cambray Dos (a 15 km [10 mi] al este de la capital) en octubre de 2015; otras 12 personas murieron en un corrimiento de tierras en San Pedro Soloma en junio de 2017. Además, las graves inundaciones de septiembre/octubre de 2017 dejaron al menos 26 muertos y cientos de miles de personas afectadas; numerosas carreteras y puentes quedaron bloqueados por las aguas de las inundaciones.

Los incendios forestales son habituales durante la estación seca.