El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), de centro-derecha, y el FSLN, de izquierda, dominaban el sistema político hasta 2006, y la escena política se caracterizaba por alianzas de conveniencia a corto plazo antes de las elecciones. La consolidación del FSLN como actor dominante en la política nicaragüense ha afianzado el poder de Ortega e implica que las decisiones ejecutivas del gobierno rara vez se cuestionan.

Ortega ha mantenido en gran medida la continuidad jurídica y reglamentaria del país, y su gobierno se ha atenido a las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI) en lo relativo a la estabilidad macroeconómica. Aunque Ortega ha adoptado una postura pro-inversión, las empresas extranjeras deben tener en cuenta que el sistema de justicia del país es poco fiable, debido a que los fallos judiciales suelen ser impredecibles y vulnerables a la intromisión política. Ortega ha declarado públicamente que la expropiación podría ser una solución para que las casas estén disponibles a precios más bajos, y que el carácter privado de los sectores de la energía y las telecomunicaciones es la causa de la falta de inversión y desarrollo de la infraestructura en esos sectores. Por otro lado, el gobierno ha respondido a las manifestaciones contra el régimen con violencia policial, desatando críticas de la comunidad internacional y de sus propios ciudadanos. 

Nicaragua está considerada un Régimen Autoritario en el Índice de Democracia 2020, elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), en el que el país ocupa el puesto 123 de 167 países puntuados.

El país ocupa el puesto 128 en el Índice de Desarrollo Humano 2019 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Además, el país ocupa el puesto 121 de 180 países según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021, elaborada por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Según ésta, desde la reelección del presidente Daniel Ortega en noviembre de 2016 para un tercer mandato consecutivo, los medios de comunicación independientes soportan un entorno de censura, intimidación y amenazas.

A pesar de que el gobierno no ha impuesto ninguna restricción oficial a los viajeros, la mayoría de las compañías aéreas han suspendido los vuelos a Nicaragua. La oposición nacional, los países vecinos y las autoridades regionales han expresado su desaprobación por la reticencia del gobierno a imponer medidas de contención del COVID-19 o a ofrecer una mayor transparencia con respecto a la situación en el país. 

El huracán Eta, que tuvo lugar entre el 3 y el 8 de noviembre, ha provocado dificultades operacionales significativas en el país, en particular interrupciones de servicios básicos y daños críticos a las infraestructuras. Es probable que la recuperación sea un proceso lento, lo que implica que las empresas se enfrentarán a ciertas complicaciones al menos durante los próximos dos o tres meses.

Nicaragua carece de instituciones sólidas y transparentes, a la vez que se enfrenta a un sistema judicial deficiente y a una corrupción generalizada, presente en todos los niveles de la administración pública. Esto puede suponer un obstáculo para las empresas extranjeras que operan o quieren operar en el país. La corrupción entre el funcionariado, el amiguismo y las negociaciones de contratos basadas en contactos, suelen conllevar una discriminación contra las empresas que carecen de conexiones políticas y provocar demoras judiciales y normativas. Esta situación ha empeorado en los dos últimos años, puesto que el gobierno ha aumentado su control sobre las instituciones públicas, especialmente tras las protestas nacionales de 2018 contra el gobierno de Ortega, que también tuvieron consecuencias para las actividades comerciales, que se vieron interrumpidas. Los riesgos de huelga laboral siguen siendo bajos en 2020, ya que las perturbaciones relacionadas con el COVID-19 limitan los conflictos con los empleados. La mala calidad de la infraestructura, las redes de transporte y los servicios públicos se pone a prueba regularmente por las protestas, las huelgas de transporte y los graves fenómenos meteorológicos.

Pese a los últimos años de crecimiento económico, Nicaragua continúa siendo un país muy pobre. Como tal, carece de una buena red de infraestructuras de transporte, eléctrica, médica y turística, en particular fuera de las ciudades, y es muy vulnerable a los desastres naturales. El Gobierno ha intentado mejorar el estado general de la infraestructura, pero los avances son limitados. Es de esperar que el desarrollo de las infraestructuras siga siendo un desafío importante para los próximos años.

Nicaragua ocupa el puesto 142 de 190 países, según el índice Doing Business de 2020 del Banco Mundial, y el 161 de 198 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020 de la organización Internacional para la Transparencia. 

La tasa oficial de homicidios de Nicaragua disminuyó durante el año 2019 a 7,5 por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 11 por cada 100.000 habitantes de 2018, año en que las protestas públicas desbordaron la cobertura policial en el país. En 2019, los asesinatos por motivos políticos y las desapariciones parecían haber disminuido, aunque las cifras exactas son difíciles de verificar por la escasa transparencia del gobierno. Los  homicidios denunciados se concentraron en los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Chinandega y Río San Juan, y más del 85% de los casos ocurrieron en zonas rurales. Los incidentes de robo por intimidación, incluidos los robos violentos a mano armada, siguen siendo muy frecuentes.

Desde abril de 2018, el gobierno ha reprimido violentamente las protestas contra el régimen con la ayuda de la PNN y las fuerzas paramilitares. Además, varios grupos armados operan en el país, entre los que destacan el Consejo Coordinador de Guerrillas Nicaragüenses (CGN), la Resistencia Nicaragüense (RN), y el Ejército Popular de las Fuerzas Armadas de Salvación Nacional (FASN-EP). Aunque el gobierno no ha logrado su completa disolución, la persecución de las fuerzas de seguridad contra esos grupos ha limitado los ataques, que ahora ocurren de manera aislada y no parecen amenzar la estabilidad del gobierno. 

En lo referente a la expansión del COVID-19 en Nicaragua, los grupos de oposición han organizado protestas y manifestaciones online y han intensificado sus esfuerzos para presentarse como candidatos a las elecciones de 2021. Una vez que las tasas de transmisión disminuyan, es probable que se reanuden las protestas, aunque menos multitudinarias, en particular en Managua. En este caso, las protestas de tipo flashmob se suelen producir en centros comerciales, universidades privadas o incluso iglesias. Esta estrategia se utiliza para evitar enfrentamientos violentos con la policía y los grupos paramilitares que han desembocado anteriormente en lesiones y muertes.

Es probable que se produzcan interrupciones periódicas de la distribución de mercancías entre Rivas y Penas Blancas en la frontera con Costa Rica. Por otro lado, es muy poco probable que las disputas territoriales con Costa Rica y Colombia desemboquen en un conflicto armado. Un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre una disputa fronteriza marítima con Costa Rica dio lugar a la imposición de multas a Nicaragua en 2018. Además, una controversia territorial con Colombia, que no se ha resuelto de forma diplomática, aumenta la probabilidad de que se incauten buques pesqueros, y las concesiones petroleras en el Caribe pueden experimentar demoras ocasionales. En todo caso, las relaciones con Colombia han mejorado desde la eliminación de un arancel comercial del 35% sobre las importaciones colombianas en marzo de 2017, y la mayor capacidad militar de Colombia reduce significativamente los riesgos de guerra abierta. 

No hay grupos terroristas operando en Nicaragua. Un grupo que se autodenomina Alianza Patriótica Nicaragüense (APN) se atribuyó a través de las redes sociales la autoría de las "acciones militares" que causaron daños menores en el puente de San Isidro a Puerto Corinto el 22 de septiembre de 2019, en las que se utilizaron explosivos. Sin embargo, es probable que esas acciones no se repitan en el año 2020. Los grupos armados antigubernamentales como los 're-Contras' de tendencia derechista han sido típicamente los principales causantes de violencia armada en Nicaragua, pero los Contras se comprometieron recientemente a abandonar las armas para unirse a la oposición del gobierno de Ortega.

Nicaragua ocupa el puesto 135 de 163 en el Índice de Paz Global 2020 del Instituto de Economía y Paz.

Nicaragua no está actualmente entre los países más ciberatacados del mundo según el mapa de ciberamenazas de Kaspersky.

El control del régimen sobre los medios de comunicación ha hecho cada vez más difícil entender la situación en el país en relación con COVID-19 y su impacto en el panorama de la seguridad. El Estado controla la mayoría de los medios de comunicación de radio y prensa escrita de Nicaragua, mientras que los medios de la oposición son censurados, amenazados o difamados de forma rutinaria. 

No se requiere ninguna vacuna para entrar en el país.

Los grupos de la oposición han comunicado que, con la intención de evitar que se difunda información sobre el COVID-19 en el país, el gobierno de Ortega ha amenazado y despedido a aquellos médicos que han tratado a pacientes con COVID-19 o que se han pronunciado sobre el impacto de la enfermedad en el país. Algunos profesionales médicos alegan haber sido despedidos de forma arbitraria porque habían firmado un documento en el que solicitaban al gobierno equipos de protección personal.

Nicaragua ocupa el puesto 73 de 195 en el Índice de Seguridad Sanitaria Mundial 2019, un proyecto de la Nuclear Threat Initiative (NTI) y el Johns Hopkins Center for Health Security (JHU), desarrollado con The Economist Intelligence Unit (EIU).

El clima de Nicaragua es tropical, caluroso y húmedo. El país, situado en el "Corredor Seco" de América Central, sufre regularmente sequías. La temporada de lluvias dura de mayo a octubre en el oeste del país y hasta enero a lo largo de la costa caribeña, donde los huracanes son frecuentes entre julio y octubre. 

Las lluvias torrenciales son habituales y a menudo causan inundaciones. Llueve mucho más a lo largo de la costa caribeña que en el centro del país o a lo largo de la costa del Pacífico. La temporada de lluvias (abril/mayo a octubre/noviembre) suele provocar inundaciones, especialmente en septiembre y octubre.

Además, los huracanes y las tormentas tropicales son una amenaza para el país entre junio y noviembre, durante la temporada de huracanes del Atlántico. El huracán Otto azotó Nicaragua en noviembre de 2016, causando daños en la infraestructura y provocando varias muertes.

Nicaragua es el hogar de numerosos volcanes activos, entre ellos el Momotombo, el Telica, el Cerro, el Masaya y el San Cristóbal.

Los terremotos pueden ocurrir en cualquier momento, en particular a lo largo de la costa del Pacífico. Hubo un total de nueve terremotos con magnitudes de 5,0 o más en la escala de Richter en 2016. Hay un cierto riesgo de tsunamis en el caso de que se ocurra un terremoto cerca de la costa.