Panamá tiene una democracia multipartidaria estable que favorece la apertura económica. La democracia multipartidaria se ha consolidado desde el final de la dictadura militar de 1968-89. Existe una exitosa historia de alternancia de partidos políticos en el poder, aunque el poder político ha estado principalmente en manos de las tradicionales élites políticas y económicas del país. La Constitución de Panamá se creó en 1972, cuando el gobierno militar (y progresista) del general Omar Torrijos estaba en el poder. Torrijos es considerado el líder de la Revolución Panameña tras la firma del tratado Torrijos-Carter en 1977 que puso fin a la presencia colonial de los Estados Unidos en el Canal de Panamá. También se le considera el líder ideológico del Partido Revolucionario Democrático (PRD) actualmente en el poder.

El país ha mantenido una gestión macroeconómica ortodoxa que ha dado lugar a altos niveles de inversión extranjera directa (IED) en diversos sectores. Desde la presidencia de Mireya Moscoso (1999-2004), el gobierno ha mantenido una postura pro-empresarial, logrando algunas de las tasas de crecimiento económico más altas de América Latina desde el cambio de siglo. La falta de transparencia y de rendición de cuentas es el principal riesgo para las empresas extranjeras que operan en el país. Los procesos de contratación pública suelen estar empañados por incoherencias, mientras que la corrupción es frecuente en todas las ramas del gobierno.

Las revelaciones de Panama Papers en abril de 2016 exacerbaron una tendencia en la que el país había sido objeto de un creciente escrutinio en lo que respecta a la probidad de la industria de los servicios financieros y profesionales. Esto ha continuado con la reinclusión del país en junio de 2019 en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países con deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (ALD) y la financiación del terrorismo (CFT). En consecuencia, seguirán destacándose los esfuerzos por hacer más estricto el entorno normativo. Sin embargo, dada la importancia de la industria para la economía, el gobierno tratará de evitar medidas que perjudiquen gravemente su capacidad de conseguir y mantener negocios.  

Las principales prioridades de Cortizo serán mantener la pandemia de COVID-19 bajo control, reducir sus impactos sociales y económicos y eliminar a Panamá de la lista gris del GAFI y de la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperantes. En este contexto, es probable que la aprobación de reformas constitucionales para hacer frente a la corrupción (que fue una de las principales promesas de campaña de Cortizo) se convierta en una prioridad menor, en particular después del retroceso político y legislativo que Cortizo experimentó en el segundo semestre de 2019 durante la aprobación de varias reformas constitucionales destinadas a aumentar la rendición de cuentas y la transparencia de las entidades gubernamentales. No obstante, Cortizo ha avanzado en la mejora de la eficiencia del poder judicial mediante el nombramiento, a través de un proceso de selección transparente y riguroso, de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un nuevo fiscal con un fuerte perfil anticorrupción. Si bien las medidas adoptadas por Cortizo representan un cambio significativo hacia el aumento de los esfuerzos de lucha contra la corrupción, el ritmo de la transformación será probablemente largo y complejo.

Panamá es considerado una democracia plena en el Índice de Democracia 2020, elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), en el que el país ocupa el puesto 46 de 167 países puntuados. 

El país ocupa el puesto 67 en el Índice de Desarrollo Humano 2019, desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Panamá está considerada como una de las economías latinoamericanas más competitivas debido a su infraestructura bien desarrollada, en particular para las industrias logística y financiera, y a su favorable entorno económico. Se pueden crear nuevas empresas mediante un sistema simplificado en línea, y la legislación multinacional facilita el establecimiento de sedes o filiales regionales. Panamá recibe altos niveles de inversión extranjera en infraestructura para mejorar los sistemas de transporte y comunicaciones, que ya son de alto nivel. Sin embargo, la corrupción es común y algunas normas laborales son inflexibles. Los sindicatos multisectoriales están bien organizados y tienen la capacidad de retrasar los proyectos durante varios días y, en raros casos, semanas.

Los sindicatos pueden suponer un obstáculo para las empresas que operan en Panamá, en particular en los sectores en los que tienen una fuerte influencia, como la construcción. Además, hay una falta de disponibilidad de trabajadores calificados, lo que da lugar a que las empresas de los sectores de alto valor añadido luchen por iniciar sus operaciones. Las leyes laborales varían, con rigidez en las prácticas de contratación y despido, aunque las empresas que operan en las denominadas zonas francas están cubiertas por sus propios regímenes laborales. 

Además, es probable que la pandemia de COVID-19 siga planteando obstáculos operativos para las empresas.  Se estima que el plan de reactivación económica de Cortizo en medio de la pandemia (que consta de seis fases) se ejecute a un ritmo lento, y que el gobierno esté dispuesto a evitar que el brote empeore levantando las restricciones demasiado pronto. Panamá está estableciendo una "nueva normalidad" después de reabrir casi todo el comercio y el turismo no esencial con la reanudación de las operaciones el 12 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, un centro de operaciones regional, después de siete meses de cierre y restricciones debido a la pandemia en curso. Dado el enfoque de línea dura de Cortizo ante la pandemia, es factible que el gobierno vuelva a introducir restricciones si identifica un aumento significativo de nuevos casos de COVID-19.

En cuanto al transporte, se han denunciado casos de taxistas que han robado en secuestros y/o asaltos a sus clientes, y los conductores infractores pueden estar armados. Para minimizar este riesgo, es muy recomendable utilizar sólo taxis oficiales (de color amarillo), asegurándose de que la matrícula del coche y las credenciales del conductor sean visibles. Las autopistas más grandes suelen estar bien mantenidas, pero las carreteras secundarias suelen tener menos mantenimiento. Los accidentes de tráfico son comunes a lo largo de la Carretera Panamericana, que deben evitarse cuando sea posible después del anochecer. Según un estudio, Panamá es uno de los peores países del mundo para los conductores, debido al mal mantenimiento de las carreteras y al tráfico pesado.

En general, Panamá ocupa el puesto 86 de 190 países, según el Índice Doing Business de 2020 del Banco Mundial y el 101 de 198 en el Índice de percepción de la corrupción de 2020 de la Organización Internacional de Transparencia.

Panamá carece de los altos niveles de violencia que se observan en la vecina Colombia o en otros lugares de América Central, aunque la delincuencia sigue siendo motivo de preocupación para las empresas extranjeras que operan en el país. Los delitos callejeros oportunistas (principalmente robos y asaltos violentos y no violentos) representan el principal riesgo para el personal extranjero, aunque también es común el robo de vehículos en ciertas carreteras. Los grupos delictivos colombianos plantean un riesgo para la seguridad en las zonas fronterizas remotas de la región del Darién, donde el tráfico de drogas, la trata de personas y el contrabando son frecuentes. La percepción pública de la inseguridad es elevada, particularmente en las zonas de bajos ingresos de Ciudad de Panamá y Colón. Se sabe que los delincuentes se dirigen tanto a los locales como, en menor medida, a los extranjeros. Es común la piratería, que consiste en el robo de carga de pequeñas embarcaciones, particularmente en las aguas cercanas a la frontera con Colombia.

La corrupción y la infiltración en las fuerzas de seguridad han negado la capacidad del gobierno para hacer frente a los niveles de delincuencia y el aparato de seguridad del Estado sigue siendo incapaz de frenar las actividades delictivas generalizadas, desde el blanqueo de dinero y el tráfico de drogas hasta la delincuencia callejera común.  El Barómetro de Corrupción de 2019 para América Latina y el Caribe determinó que la tasa de soborno de la policía aumentó del 20% en 2017 al 29% en 2019.

Los negocios en Panamá se enfrentan a riesgos moderados de robos a mano armada en casas, bancos y restaurantes. No obstante, se estima que los riesgos de robo que aumentan durante el brote del virus COVID-19. El crimen es más alto en las áreas urbanas, particularmente en la capital, Ciudad de Panamá, Colón y a lo largo de la costa atlántica. Los robos de coches por parte de grupos armados son un problema cada vez mayor, y la carretera que va del aeropuerto internacional de Tocumen a la ciudad de Panamá es un punto caliente para este tipo de incidentes. En lal última década ha surgido la presencia de carteles mexicanos y colombianos en relación con delitos relacionados con las drogas. El fraude también es común, ya que el 80% de los casos se refieren a la clonación de tarjetas de crédito.

Las protestas para exigir ayuda gubernamental durante el brote del virus COVID-19 han ido en aumento en todo el país, principalmente con bloqueos de carreteras. Los riesgos de enfrentamientos violentos, saqueos y daños a la propiedad son mayores en Colón, Panamá Oeste y Ciudad de Panamá. Además, es probable que los proyectos hidroeléctricos y mineros se enfrenten a protestas de las comunidades indígenas, los sindicatos y los activistas sociales. Se estima que la firmeza de las comunidades indígenas en la presentación de sus demandas también mediante protestas aumenten en los procesos de consulta obligatoria para futuros proyectos hidroeléctricos en la región indígena Ngäbe-Buglé. Asimismo, existe una alta probabilidad que el importante sindicato de la construcción SUNTRACS continúe las huelgas por las demandas de concesiones y en oposición a las políticas económicas que no favorecen a los miembros del sindicato.

Los riesgos de terrorismo son bajos en Panamá. No hay grupos nacionales con la intención o la capacidad de atacar a los activos panameños y a importantes activos occidentales, incluido el Canal de Panamá. Sin embargo, los miembros del grupo guerrillero colombiano FARC que se negaron a desarmarse en 2016 han incrementado la actividad del narcotráfico en la provincia de Darién. La provincia de Chiriquí tiene una fuerte presencia de grupos delictivos y organizaciones de narcotráfico, pero es poco probable que tengan como objetivo los activos o las personas extranjeras. Las bandas delictivas operan principalmente en Colón y en la Ciudad de Panamá, lo que aumenta el riesgo de secuestros rápidos y robos violentos de personas y empresas locales. Los buques que entran en el Canal de Panamá corren poco riesgo de ser robados en el mar.

El riesgo de guerra interestatal sigue siendo bajo. No hay controversias fronterizas pendientes, pero la provincia panameña de Darién, situada a lo largo de la frontera con Colombia, se ha visto afectada por un desbordamiento de las operaciones de miembros disidentes del grupo insurgente colombiano desmovilizado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la migración ilegal. El riesgo de guerra con Colombia es insignificante y ambos países cooperan en iniciativas de lucha contra el tráfico de personas. Panamá ha estado involucrada en una sola guerra interestatal desde su independencia en 1903: la invasión estadounidense de 1989 para deponer el gobierno militar de Manuel Noriega.

En general, Panamá ocupa el puesto 56 de 163 en el Índice de Paz Global 2020 del Instituto de Economía y Paz.

Vacunas necesarias para entrar en el país:

Fiebre amarilla: Se requiere un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla. Una sola dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla es suficiente para conferir una inmunidad sostenida de por vida contra la enfermedad; debe tomarse con diez días de antelación para que sea plenamente eficaz.

Panamá ocupa el puesto 68 de 195 en el Índice de Seguridad Sanitaria Mundial de 2019, un proyecto de la Iniciativa sobre la Amenaza Nuclear (NTI) y el Centro de Seguridad Sanitaria de la Universidad Johns Hopkins (JHU), desarrollado con The Economist Intelligence Unit (EIU).

La temporada de huracanes del Atlántico dura desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Si bien los huracanes y las tormentas tropicales rara vez golpean directamente a Panamá. Los sistemas de tormentas pueden provocar lluvias torrenciales, que dan lugar a inundaciones y deslizamientos de tierra. El huracán Otto permaneció varios días en la costa septentrional en noviembre de 2016, causando por lo menos diez muertes y unos daños estimados en 10 millones de dólares de los EE.UU., lo que llevó al Gobierno a decretar un estado de emergencia de seis meses.

Las zonas montañosas del país pueden resultar peligrosas, en particular durante la larga temporada de lluvias -que se extiende de marzo a diciembre- debido a las inundaciones, los aludes de lodo y el posterior cierre de carreteras. Las inundaciones también se producen dentro de la Ciudad de Panamá y pueden provocar un caos en el transporte.

Panamá está situada en una zona sísmicamente activa y ocasionalmente se producen terremotos. Un terremoto de magnitud 7.7 golpeó a la vecina Costa Rica en 1991, dejando docenas de muertos y resultando en grandes daños de infraestructura en la provincia panameña de Bocas del Toro.

Si planea visitar Panamá, manténgase informado por el Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá.