Perú atraviesa actualmente una profunda crisis institucional, tras la destitución del Presidente Martíz Vizcarra y las posteriores dimisiones de su sucesor, Manuel Merino, del presidente interino del Congreso, Luis Valdez, y de 13 de los 18 ministros del Gobierno. Las dimisiones de estos altos cargos políticos ocurrieron como resultado de la polémica represión de la policía contra los manifestantes, causando la muerte de dos personas. Martín Vizcarra fue destituido el pasado 10 de noviembre al aprobarse en el Congreso una moción de censura en su contra, que le declaró "moralmente incapaz" para ser presidente, debido a una supuesta corrupción durante su período como gobernador de Moquegua (sur) entre 2011 y 2014. Inmediatamente, Vizcarra interpuso una demanda ante el Tribunal Constitucional, que fue rechazada porque el Tribunal consideró que Vizcarra había sido legalmente destituido. El 17 de noviembre, Francisco Sagasti, que se ha opuesto desde el principio a la destitución de Vizcarra, fue nombrado nuevo presidente de la República y del Congreso, obteniendo 97 votos de los 130 miembros de la Cámara.

Sin embargo, y a pesar de estas continuas crisis políticas, las instituciones de Perú son relativamente estables y los dirigentes del país están comprometidos con las políticas favorables al mercado. Las transiciones al poder han sido pacíficas, y los diferentes gobiernos han promovido una agenda popular anticorrupción junto con esfuerzos de reforma en la educación, la sanidad y la normativa empresarial. El gobierno de Sagasti se ha visto obligado a dar carpetazo a la mayor parte de su programa y a las reformas normativas a raíz de la crisis del COVID-19. La pandemia seguirá absorbiendo la atención y los recursos del gobierno en 2021. Su capacidad para promover reformas antes de las elecciones será muy limitada. Los partidos de todo el espectro político y las organizaciones sociales seguirán ampliamente comprometidos con la gobernanza democrática, pero el sistema de partidos está fracturado y dividido, lo que dificulta la aprobación de leyes sobre la reforma política y judicial, la inclusión social y el desarrollo de infraestructuras críticas.

Las elecciones transparentes y las transiciones pacíficas de poder de un gobierno democrático a otro han puesto de manifiesto la continua estabilidad del sistema político. Es probable que Perú conserve su marco político prudente y favorable a las empresas, manteniendo las políticas ortodoxas que han apuntalado el crecimiento positivo y la reducción de la pobreza durante la última década. Sin embargo, el Congreso unicameral ha surgido como un contrapeso más fuerte al otrora dominante ejecutivo, como lo demuestra la incapacidad de Vizcarra para consolidar un bloque de votos mayoritario desde que asumió el cargo en marzo de 2018. El sucesor de Vizcarra en 2021 no está actualmente claro, y no se conocerá hasta que se celebre la segunda vuelta de las elecciones (junio de 2021). 

Los frecuentes escándalos de corrupción de funcionarios del gobierno están reduciendo aún más la confianza pública en el ejecutivo, a la vez que suponen un reto para las empresas, que seguirán expuestas a funcionarios corruptos. Las reformas anticorrupción y las investigaciones a altos cargos implican una mayor exposición de la clase política, lo que en principio podría significar que parte del Congreso se oponga a estas iniciativas. Pese a los avances, la corrupción va a seguir siendo un problema en todos los niveles de gobierno, al menos a corto plazo.

Perú está considerado una Democracia Defectuosa en el Índice de Democracia 2020, desarrollado por The Economist Intelligence Unit (EIU), en el que el país ocupa el puesto 58 de 167 países puntuados.

Perú obtiene el puesto 82 en el Índice de Desarrollo Humano 2019, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La emergencia sanitaria del COVID-19 ha tenido un impacto considerable en las operaciones empresariales en Perú. Las empresas que operan en el país seguirán expuestas a importantes riesgos operativos durante el primer trimestre de 2021. Los altos índices de contagio y un sistema de salud sobrecargado probablemente provoquen nuevas restricciones a la movilidad y a las actividades comerciales, como las impuestas durante la cuarentena nacional implantada el 16 de marzo de 2020. Esta cuarentena obligó a la mayoría de las grandes empresas a implementar el trabajo a distancia, reducir sus operaciones o cerrar completamente las actividades industriales. Las empresas exentas de la cuarentena, como las de los sectores de los alimentos, los bienes esenciales y los servicios públicos, han tenido que aplicar protocolos de distanciamiento social dentro de sus instalaciones, reduciendo la capacidad y la producción.

La escasez de energía sigue siendo un obstáculo para la inversión en el sector minero, aunque es probable que los proyectos en curso reduzcan los riesgos energéticos a medio plazo. Las infraestructuras de las zonas rurales, en particular la red de carreteras, es deficiente. El sistema jurídico sigue aquejado por la corrupción y la ineficiencia a pesar de las mejoras logradas desde los 2000. También persiste la corrupción a menor escala, especialmente en las aduanas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, así como entre algunas autoridades departamentales. Los procedimientos burocráticos pueden ser engorrosos, pese a las mejoras de los últimos años para reducción de la burocracia. Los sindicatos organizan con relativa frecuencia huelgas disruptivas, y persiste el riesgo de acción directa y de disturbios sociales.

Es probable que el nuevo presidente, Francisco Sagasti, continúe los esfuerzos de Martín Vizcarra y siga mejorando el entorno operacional de las empresas en Perú. Además, el sector privado es muy influyente en la formulación de políticas. Desde la década de 1990, los sucesivos gobiernos peruanos han acogido con entusiasmo la inversión extranjera directa por considerarla un componente primordial del desarrollo económico y social. Las mejoras de la infraestructura portuaria, aeroportuaria, sanitaria y vial son una prioridad gubernamental. La infraestructura sigue siendo deficiente en regiones remotas y alejadas de la capital, Lima, y de las zonas costeras. Los niveles de corrupción y burocracia siguen siendo altos. A diferencia de la oposición de la comunidad local contra las industrias extractivas, las huelgas laborales, aunque frecuentes, no suelen ser violentas y resultan mucho menos problemáticas. 

Los viajeros deben tener en cuenta que las carreteras suelen estar mal conservadas y que las carreteras de las zonas montañosas pueden ser especialmente peligrosas; los accidentes de tráfico mortales son frecuentes. Es aconsejable conducir sólo durante el día en las zonas rurales y a lo largo de la Carretera Panamericana. El bandolerismo en las carreteras también es un problema en las zonas rurales. Para viajes de larga distancia, considere la posibilidad de viajar en avión. Todos los principales destinos tienen un aeropuerto, y ninguna aerolínea peruana aparece en la "lista negra" de la Unión Europea de aerolíneas que están prohibidas en el espacio aéreo de la UE por prácticas de seguridad deficientes. Por razones de seguridad, nunca tome un taxi sin licencia.

Perú ocupa el puesto 76 de 190 países, según el Índice Doing Business de 2020 del Banco Mundial y el puesto 101 de 198 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020 de la organización Transparencia Internacional.

La delincuencia callejera es actualmente la principal amenaza de seguridad en Perú, presentando una mayor incidencia en Lima y en las ciudades de la costa. Aunque los índices de criminalidad se han mantenido estables en los últimos años, es posible que los delitos violentos, como los robos a mano armada, los homicidios, las agresiones, las extorsiones a empresas y los robos de automóviles continúen aumentando en las ciudades costeras y en torno a los puertos y aeropuertos, especialmente en El Callao, Chimbote, Piura y Trujillo.

Las agresiones y los secuestros de corta duración siguen siendo los riesgos más frecuentes para las personas De hecho, el 26,6% de los peruanos han declarado haber sido víctimas de un delito en 2019. En la ciudad de Lima se han identificado las siguientes zonas rojas por sus altos índices de criminalidad: el antiguo distrito de Lima (Cercado), La Victoria, Rímac, Breña, El Agustino y Barranco. La propagación del COVID-19 ha incrementado los riesgos de saqueo en los centros urbanos.

Es probable que las protestas a grande y media escala deriven en actos violentos, a través de enfrentamientos con la policía y ataques esporádicos contra bienes públicos y privados. Los proyectos de minería, de petróleo y gas, se exponen habitualmente a protestas violentas por parte de las comunidades locales y los grupos opositores, concentrándose especialmente en las regiones de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, Piura, Puno y Tacna. Los proyectos en el sur de Perú (incluido el proyecto de Las Bambas en Apurímac) se enfrentan también a un mayor riesgo de protestas y retrasos debido a las preocupaciones ambientales y sociales de las comunidades locales. Aun así, los riesgos de cancelación son bajos, y la inversión en estas regiones, a través del Fondo de Avance Social, ayudará a mitigar los riesgos de protesta.

Ha de tenerse muy en cuenta también el riesgo relacionado con las bandas criminales que operan como supuestos sindicatos (algunos incluso se encuentran legalmente constituidos como tales). Esos grupos han hecho de actividades como el chantaje, la extorsión, la imposición de trabajadores fantasmas en las plantillas y el pago de cupos, cuando no de las amenazas e incluso el asesinato, prácticas habituales. Según se ha publicado en varias noticias, al menos el 80% de las empresas constructoras en Perú han admitido ser víctimas de extorsiones.

Tras su apogeo a finales de los 80 y principios de los 90, los grupos guerrilleros de extrema izquierda representan actualmente una amenaza menor para las empresas extranjeras. El principal grupo insurgente Sendero Luminoso ha disminuido en fuerza y ya no representa una amenaza a la seguridad más allá de las remotas zonas de cultivo de coca en las que opera, especialmente en el sur. La zona de actividad de SL y sus disidencias se concentra actualmente en el valle central-sur de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde coopera estrechamente con grupos de narcotraficantes. La presencia de Sendero Luminoso en esta región da lugar a riesgos continuos de extorsión, sabotaje, daños a la propiedad y secuestro para las empresas que operan en el VRAEM o en sus alrededores. Las empresas de construcción y de gas natural, y los helicópteros militares se enfrentan a un mayor riesgo de ataque en esta zona.

Desde 2012, Perú es el segundo productor mundial de cocaína y concentra la segunda área más extensa de cultivos de hoja de coca, después de Colombia. Alrededor de la mitad de las exportaciones de cocaína es transportada por vía terrestre y a través del llamado “puente aéreo” hacia Bolivia y Brasil y la otra mitad sale por vía marítima hacia el norte, gracias a la colaboración de los grupos locales con los cárteles colombianos y mexicanos.

El riesgo de guerra se mantendrá bajo y disminuirá aún más después de la resolución favorable de la Corte Internacional de Justicia sobre una disputa de la frontera marítima con Chile en 2014. Ambos países han prometido respetarla y es probable que continúen fortaleciendo sus relaciones en el marco de integración regional de la Alianza del Pacífico. El país libró una guerra por última vez en 1995 contra Ecuador, pero en 1998 firmó un tratado de paz y las relaciones internacionales pacíficas impulsadas por el comercio seguirán mejorando. Es previsible que el presidente continúe las buenas relaciones con sus vecinos y que se siga avanzando en la integración económica regional.

Perú ocupa el puesto 84 de 163 en el Índice de Paz Global 2020 del Instituto de Economía y Paz.

No se requiere ninguna vacuna para entrar en el país.

Perú ocupa el puesto 49 de 195 en el Índice de Seguridad Sanitaria Mundial 2019, un proyecto de la Nuclear Threat Initiative (NTI) y el Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria (JHU), desarrollado con The Economist Intelligence Unit (EIU).

Perú es propenso a los desastres naturales, en particular por su ubicación dentro de una zona sísmica activa. En agosto de 2007, un violento terremoto (de magnitud 8,0) sacudió las zonas costeras del sur de Lima (que afectó a las ciudades de Pisco, Chincha Alta, Nazca, Ica y San Vicente de Cañete), dejando más de 500 muertos y causando a su paso importantes daños en las carreteras y las instalaciones turísticas. El país también alberga varios volcanes activos, entre ellos el monte Ubinas, situado a unos 100 km de Arequipa, la segunda ciudad del Perú.

La temporada de lluvias suele durar de noviembre a abril (de enero a mayo en la región del Cusco). Durante este período son frecuentes las lluvias torrenciales que pueden causar inundaciones mortales (por ejemplo, a lo largo del río Tumbes) y los deslizamientos de tierra.  La temporada de lluvias de 2017 fue particularmente devastadora. Más de un millón de personas en todo el Perú se vieron afectadas por las lluvias torrenciales -que provocaron grandes inundaciones, deslizamientos de tierra y más de 100 muertes- entre diciembre de 2016 y abril de 2017. El noroeste del país fue la zona más afectada.

Si planea visitar el Perú, manténgase informado por el Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú.