Túnez es una democracia representativa en la que el presidente es elegido por un máximo de dos mandatos de cinco años. El presidente elige al primer ministro, que encabeza el gobierno. La constitución actual data de enero de 2014. Las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2014 y 2019 fueron pacíficas y consolidaron el sistema democrático. El panorama político en el periodo 14-18 estivo dominado por la dicotomía entre el partido islamista moderado Ennahda y el partido secularista Nidaa Tounes. Sin embargo, tras las elecciones legislativas y presidenciales de 2019 los partidos tradicionales han sufrido un gran declive y han aparecido partidos y figuras antisistema, lo  que revela una gran frustración pública y desilusión de la sociedad con el establishment político.

El 25 de julio de 2021, el presidente Kais Saied suspendió el parlamento, despojó a los parlamentarios de su inmunidad y asumió el poder ejecutivo, utilizando el controvertido artículo 80 de la constitución, que otorga al presidente poderes ampliados en casos de amenaza inminente a la nación. Este hecho se produce en ausencia de un tribunal constitucional, cuya formación choca con la polarización de la escena política tunecina y los desacuerdos fundamentales sobre cómo debería estructurarse.

El 11 de octubre el presidente aprobó un nuevo gobierno tras nombrar el 29 de septiembre a Najla Bouden primera ministra y primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país.

El ejército no está involucrado en política y es poco probable que influya significativamente en el proceso político, aunque se puso del lado del presidente Kais Saied en su decisión del 25 de julio de 2021 de suspender el parlamento y destituir al primer ministro.

Túnez está considerado como una Democracia Defectuosa en el Índice de Democracia de 2020, elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), en el que el país ocupa el puesto 53 de 167 países puntuados; mantiene el puesto 95 en el Índice de Desarrollo Humano de 2020 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el puesto 73 de 180 en la Clasificación de la Libertad de Prensa 2021 elaborada por Reporteros sin Fronteras.

Las huelgas, las protestas y las sentadas son comunes y suponen un importante riesgo operativo para todo tipo de empresas, en particular en el sur del país, y en todos los sectores económicos y sociales (educación, salud, transporte, minería, producción textil…).

La ineficiencia burocrática es un obstáculo para la inversión extranjera, en particular en los proyectos que entrañan obras públicas. El laborioso proceso de toma de decisiones que involucra al parlamento, el gobierno y los sindicatos complica el entorno normativo. La corrupción persiste tanto a alto nivel como en los niveles inferiores de la burocracia estatal y las fuerzas de seguridad.

El gobierno está intentando fomentar la inversión extranjera y un entorno empresarial abierto, particularmente en las industrias orientadas a la exportación. Sin embargo, siguen existiendo importantes obstáculos y oposición a las reformas. La contratación de empleados puede ser costosa y difícil y su despido aún más. Las regulaciones con respecto a los trabajadores extranjeros son restrictivas y se aplican arbitrariamente.

En lo que respecta al transporte, la seguridad vial en todo el país plantea riesgos importantes para los extranjeros debido a hábitos de conducción erráticos. Las carreteras están en buenas condiciones en todo el país, aunque pueden deteriorarse rápidamente después de períodos de fuertes lluvias. Las carreteras de las zonas rurales están peor mantenidas. El transporte en tren es razonablemente seguro, aunque los estándares de seguridad tienden a ser inferiores a los de los países occidentales.

Túnez ocupa el puesto 78 de 190 países, según el índice  índice Doing Business de 2020 del Banco Mundial y el 74 de 198 en el  índice de percepción de la corrupción de 2020 de la Organización Internacional para la Transparencia 

El entorno de seguridad en Túnez es estable, aunque existe un alto riesgo en las zonas montañosas y fronterizas debido a la militancia terrorista. El malestar y la agitación social provocan frecuentemente disturbios y enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, especialmente en las provincias del interior y del sur y más particularmente en las gobernaciones de Ben Gardane, Gafsa, Kasserine, Kef, Medenine, Sidi Bouzid y Tataouine. Estos enfrentamientos pueden generar daños colaterales a las empresas extranjeras. El riesgo de que se produzcan protestas masivas violentas es menor en los principales centros urbanos, incluido Tunicia, donde las manifestaciones suelen ser más pacíficas.

Aunque las actividades de los grupos terroristas han disminuido desde los ataques del Estado Islámico en 2015 y 2016, Túnez sigue siendo vulnerable al terrorismo. Esta amenaza es particularmente aguda cerca de las fronteras con Libia y Argelia, y más frecuentemente en la gobernación de Tataouni. Los militantes islamistas en áreas montañosas han estado llevando a cabo ataques de bajo nivel contra las fuerzas de seguridad y del ejército, sin afectar las operaciones comerciales de la zona. A corto y medio plazo, el regreso de los yihadistas tunecinos desde Libia mantendrá alto el riesgo de ataques terroristas

El estado de emergencia ha estado en vigor desde el ataque contra la guardia presidencial en noviembre de 2015.

Los índices generales de delincuencia son bajos y los delitos violentos son poco frecuentes, aunque el robo es un problema. Los turistas y los viajeros de negocios son un blanco particular para los carteristas y las estafas de pequeña escala, especialmente en el centro de Túnez. Existen extensas redes de contrabando entre Libia y Túnez (armas, drogas) y ocasionalmente estalla la violencia entre bandas rivales que trafican con mercancías y personas, así como con las fuerzas de seguridad.

Las relaciones de Túnez con los países vecinos son generalmente buenas, y la guerra interestatal es sumamente improbable. El ejército ha asumido un papel más importante en la seguridad interna de Túnez, por ejemplo, en la vigilancia de las zonas fronterizas desérticas contra los contrabandistas y los militantes yihadistas; el mantenimiento de la seguridad en lugares estratégicos como puertos, aeropuertos y embajadas; y la prevención de alteraciones y daños durante los brotes de disturbios políticos y laborales en activos energéticos.

Túnez ocupa el puesto 92 de 163 en el Índice de Paz Global 2020 del Instituto de Economía y Paz.

Túnez no figura actualmente entre los países más atacados cibernéticamente del mundo. Según el mapa de ciberamenazas de Kaspersky, está clasificado como el 56º país más ciberatacado.

El gobierno está luchando por contener la propagación de COVID-19. Los aumentos en las tasas diarias de infección y muertes por COVID-19, así como un programa de vacunación lento, especialmente con la propagación de la variante Delta desde junio de 2021, han convertido a Túnez en el país con la tasa de mortalidad per cápita relacionada con COVID-19 más alta de África.

Túnez ocupa el puesto 122 de 195 en el Índice de Seguridad Sanitaria Mundial de 2019.

Algunos de los desastres naturales más comunes que han afectado a Túnez en los últimos años han sido inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios forestales y terremotos, estos últimos especialmente en ciudad de Túnez, Ben Arous, Nabeul, Bizerte, Monastir, El Kef, Jendouba, Sidi Bouzid y Tozeur.