Uzbekistán es una república presidencialista. Según la constitución de 1992, es oficialmente una democracia pluralista. En la práctica, el presidente ejerce un control autoritario ya que no existe ninguna supervisión institucional que sea eficaz. La competencia política es inexistente y los opositores son reprimidos o se autocensuran. El Parlamento actúa a favor de las iniciativas presidenciales, mientras los servicios de seguridad tienen la autorización para reprimir cualquier amenaza política.  Aunque la figura del presidente goza de estabilidad, las luchas internas por parte de los miembros de la élite gobernante suponen una amenaza latente de un cambio de régimen. Los vínculos entre las élites políticas junto con los intereses empresariales, el nepotismo y la corrupción, conforman los pilares que sostienen el gobierno.

Actualmente en Uzbekistán, el president Mirziyoyev ha implementado un programa de reformas destinado a abrir la economía nacional a la inversión extranjera, reducir la interferencia del gobierno en los negocios, relajar las restricciones al acceso de divisas y la repatriación de beneficios. Por otro lado, el país goza de buenas relaciones diplomáticas y comerciales con todas las grandes potencias – incluyendo China y Russia. A parte, ha incrementado las interacciones con los países vecinos y socios occidentales - entre ellos Afganistán y la UE -, así como con las organizaciones internacionales, como el FMI. Cabe mencionar que Uzbekistán tiene gran interés en ser miembro de la Organización Mundial del Comercio.

Respecto al riesgo normativo, el Gobierno ha anunciado un plan de privatización para 2021-2025, donde las principales entidades estatales se prepararán para su venta – al menos parcial. Aunque el entorno empresarial probablemente se vuelva poco a poco más transparente y competitivo, estos nuevos cambios tardarán en materializarse debido al complejo sistema de corrupción.

En términos de riesgo contractual, a las empresas extranjeras desde siempre se les han acosado y retirado activos ilegítimamente. Aunque desde 2016 tras varias reformas, no ha surgido ningún caso destacado de expropiación contra entidades extranjeras. Sin embargo, sigue permaneciendo el favoritismo de los tribunales hacia el gobierno o socio local. También existe una falta de transparencia en el proceso de licitación de contratos. 

Uzbekistán está considerado como un régimen autoritario en el Índice de Democracia 2020, elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU), donde el país ocupa el puesto 157 de los 167 países puntuados.

El país ocupa el puesto 106 en el Índice de Desarrollo Humano 2020 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

Además, ocupa el puesto 157 de 180 países estudiados en el Índice de Libertad de Prensa Global 2021, desarrollado por Periodistas Sin Fronteras. Según esta clasificación, la libertad de la información se encuentra en una situación problemática en Uzbekistán.

La mayor barrera operativa es probablemente la interferencia del poder ejecutivo en el poder judicial. Los tribunales no son imparciales ni transparentes, y tampoco están preparados para tratar litigios comerciales. La burocracia empresarial se ha reducido desde 2013 a través de varias reformas, pero el impacto ha sido limitado debido a una aplicación desigual y la persistente interferencia del gobierno en la actividad de empresas extranjeras.

La corrupción es una amenaza para todas las formas de negocio tanto del sector privado como público. Aunque se haya creado una nueva agencia anticorrupción, el nepotismo junto con la influencia de políticos seguirán siendo una amenaza. Por tanto, ser una entidad extranjera sin vínculos con individuos prominentes del país significa una desventaja a la hora de obtener contratos y acceder a los mercados.

La contratación de extranjeros está sujeta a restricciones, como la de tener un director general o un consejero uzbeko en todas las empresas. El activismo laboral es muy bajo.

Las infraestructuras viarias y ferroviarias pueden ser inadecuadas para la actividad empresarial, pero están mejorando. La escasez de energía fuera de las grandes ciudades es un grave problema causado por una infraestructura energética anticuada y la falta de un suministro de gas directo a zonas remotas.

Es probable que las restricciones de COVID-19 sigan causando trastornos operativos en los próximos meses. Si se producen futuros rebrotes, las empresas tendrían que adaptar nuevas restricciones siendo avisados con muy poca antelación.

En general, Uzbekistán ocupa el puesto 69 de 190 países puntuados en el Índice Doing Business 2020 del Banco Mundial y el 146 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de la organización Transparencia Internacional.

Las empresas extranjeras y su personal no se enfrentan a amenazas significativas de seguridad. Los niveles de delincuencia (aunque no hay estadísticas oficiales publicadas sobre ella) son menores que en la mayoría de países occidentales. La mayor amenaza proviene de pequeños robos oportunistas en las grandes ciudades. Sin embargo, los medios de comunicación no oficiales informan de delitos violentos en algunas de las zonas más pobres de Tashkent (Sergeli, Chilanzar, Hamza, los alrededores del mercado de Chorsu).

Es probable que la delincuencia organizada sólo afecte a empresas extranjeras que se asocian inconscientemente a negocios locales donde se infiltran las bandas. Existe una amenaza de terrorismo por parte de extremistas islámicos. Aunque todos los atentados previos se dirigían a edificios gubernamentales, puestos de control fronterizas o embajadas, cada vez es más probable que los ataques se dirijan a zonas densas de personas (estaciones de tren y centros comerciales).

Las disputas fronterizas no resueltas con Kirguistán y Tayikistán provocan incidentes periódicos en las fronteras, pero han disminuido desde 2017. Existe un riesgo latente de golpe de Estado por parte de la élite política, aunque estas tensiones suelen desarrollarse de forma interna y pacífica. Los disturbios sociales son poco frecuentes y probablemente sigan siéndolo, debido a la represión civil y el uso de mano dura incluso en pequeñas protestas pacíficas.

Las fuerzas del orden son activas, pero no tienen capacidad para responder adecuadamente a las amenazas reales. Muchas investigaciones son politizadas y poco transparentes. La capacidad de lucha contra el terrorismo es relativamente buena, dada la experiencia previa en atentados terroristas.

La toma del poder talibán en Afganistán durante agosto de 2021 no ha generado ninguna amenaza para la seguridad de Uzbekistán, tal y como garantizaron los talibanes a las autoridades uzbekas.

En general, Uzbekistán ocupa el puesto 113 de 161 en el Índice de Paz Global 2021 del Instituto para la Economía y la Paz.

Según el mapa de ciber-amenazas de Kaspersky, Uzbekistán ocupa el puesto 64 de los países más ciberatacados.

No se requieren vacunas específicas para entrar al país. 

Uzbekistán se encuentra en la posición 116 de 195 en el 2019 Global Health Security Index, un proyecto de la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear (NTI) y el Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria (JHU), desarrollado con The Economist Intelligence Unit (EIU).

Uzbekistán está situado en una zona sísmica activa. Hay temblores regulares, pero el último terremoto significativo que causó daños importantes en Uzbekistán ocurrió en 1966.